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En un plazo de 180 días los proponentes deben recolectar unas 200.000 firmas.
El único propósito, según ha dicho el alcalde, es el de entorpecer la gestión municipal y frenar el desarrollo de la capital.
Se deben recolectar más de 200.000 firmas en 180 días.
Entre enero y marzo llovió la misma cantidad que se necesita para llenar hasta 23.000 piscinas olímpicas.
Ha habido cuestionamientos al funcionamiento de la nueva flota adquirida para el transporte público.
En un plantón defendieron su capacidad para manejar los nuevos vehículos, pero consideran que no presentan las garantías adecuadas.
El Municipio de Quito sostuvo que se ha prestado servicio sin incidentes que comprometan la operación ni el funcionamiento de los vehículos.
La Federación de Comités de Seguridad planteó que se haga una investigación de los lugares en los cuales realmente se requieren esos espacios.
A finales de febrero pasado, la Fiscalía solicitó la vinculación de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y de otras personas al caso denominado Triple A.
En una entrevista radial, Viteri habla del regreso a la política y de su apoyo al actual presidente Daniel Noboa.
La inversión para la flota fue de $ 32 millones. Se fabricaron en China.
Turistas de otras provincias también llegaron al centro y aprovecharon para recorrer la calle Panamá y Malecón, vías que también se volvieron peatonales.
La Empresa Pública Municipal de Seguridad (Segura EP) señaló que no se registraron agresiones físicas.
En el informe semanal de labores del funcionario hubo un grupo de personas que respaldaron su gestión.
Para el alcalde se contradice el principio legal de que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta.
Para el funcionario hay persecución política y se busca entorpecer la gestión municipal y frenar el desarrollo de Quito.
Supuesto incumplimiento de funciones es el argumento para que haya un proceso revocatorio de mandato.
El funcionario ha cuestionado la intención de sacarlo del cargo.
CNE tiene un plazo de 15 días para la entrega.
De concretarse las doce vinculaciones al caso Triple A., en la instrucción fiscal se investigaría penalmente a 22 personas naturales y jurídicas.