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La autoridad señala que hay un importante déficit de defensores públicos y que la Judicatura tiene que abrir un concurso para nombrar más de ellos.
A Morales Vela le tomaron juramento desde el salón Tránsito Amaguaña debido a que el edificio de la Asamblea Nacional está cerrado por reparaciones.
El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocó a sesión virtual para el acto de posesión previsto para el lunes 1 de junio a las 13:00.
Una jueza aceptó parcialmente una acción de protección. La resolución se tomó dos días después de la designación de Ricardo Morales como defensor público.
La nueva autoridad desempeñó varios cargos en las funciones del Estado durante los regímenes de Rafael Correa y Guillermo Lasso.
El Consejo aprobó remitir a la Fiscalía documentación para que investigue si los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección cometieron o no delitos.
En el concurso de selección de la autoridad de la Defensoría Pública aún no se trata un informe jurídico que daría sugerencias sobre el proceso.
En el pleno de siete consejeros hay preocupación por el incumplimiento de plazos y porque una jueza de Quevedo advirtió con sancionarlos.
El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, ofreció contar con un informe legal sobre la decisión de una comisión ciudadana de no acatar sus resoluciones.
El organismo no conoció ni resolvió en el término de dos días la elección de la nueva autoridad con base en un informe final emitido por una comisión ciudadana.
Los siete consejeros analizan alternativas legales, una vez que la comisión ciudadana, que hacía el concurso, decidió no acoger sus resoluciones.
El CPCCS tiene dos días término para designar a la nueva autoridad, con base en el informe aprobado por la comisión, que es vinculante.
Termina el plazo de dos días para aprobar el listado con los postulantes mejor puntuados en el concurso. Jueza negó pedido de medidas cautelares para suspender.
El proceso para designar a su titular está en etapa de análisis de probidad entre los cuatro candidatos que restan de una lista que al inicio tuvo nueve.
El pleno del CPCCS resolvió descalificar a Maritza Romero y Wilson Guillén como postulantes del concurso para designar al titular de la Defensoría Pública.
Ellos son Inés Maritza Romero, quien fue jueza de Pichincha; y Wilson Ortega, quien es juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La Fiscalía abrirá de oficio una investigación previa en contra de Byron Guillén, uno de los postulantes, por presunta participación en el delito de concusión.
Guillén fue descalificado del concurso de defensor público que desarrolla el Consejo de Participación.
Maritza Romero Estevez es la tercera mejor puntuada en el concurso que lleva a cabo el CPCCS. También es jueza provincial. La Fiscalía inició una investigación.
En la investigación contra Javier Córdova se habrían definido que él recibió de terceras personas en sus cuentas ingresos que ascienden a $ 1′141.669.