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La Comisión de Seguridad Integral tendrá ocho días para recoger las observaciones y presentar al pleno el texto final para su votación.
La presidenta de la mesa de Biodiversidad aún no convoca a sesión para recoger las observaciones hechas por los legisladores en el pleno.
Concluido el primer debate el proyecto regresa a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate
La ley plantea medidas financieras, tributarias y de seguridad para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno.
El proyecto de ley fue aprobado el pasado 28 de abril por el Legislativo.
El legislador emitió críticas dirigidas a un sector del movimiento, del cual fue expulsado por supuesta "traición".
El Consejo de Administración Legislativa se reúne este jueves para definir la comisión legislativa que tramitará el segundo proyecto urgente.
Luego del primer debate, el proyecto regresará a la mesa legislativa para la elaboración de un segundo informe en un plazo de cinco días.
Informes señalan que el malgasto en las adquisiciones públicas, producto de la mala gestión y la corrupción, representa entre el 0,9 % y el 2,6 % del PIB.
El objetivo de este proyecto es desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
La objeción parcial se da por inconveniencia y hace observaciones a los artículos 39 y 91 de la ley planteando textos alternativos.
Gobierno comenzó el viernes pasado las negociaciones con grupo empresarial de España para 600 megavatios de energía solar.
Una vez que comience el análisis, correrá un plazo de 90 días para tener listo el proyecto de reforma que se entregará a la Asamblea Nacional.
Las rebajas al impuesto a la renta provenientes de donaciones a las fuerzas del orden no comprometen a la sostenibilidad fiscal, según el Ministerio de Economía
En la primera sesión de la mesa no hubo cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo, y el informe para el primer debate estará listo en diez días.
Para expertos en derecho penal, la propuesta está relacionada con dar garantías a militares y policías en su lucha contra los grupos criminales.
En 120 días se presentaría el texto final a la Asamblea Nacional. El nuevo modelo regiría para las nuevas contrataciones.
Para la CEE, ese proyecto de ley agredía y violentaba los derechos del 70% de ciudadanos ecuatorianos que se confiesan católicos.
La propuesta fue aprobada con 106 votos de todos los sectores políticos y ahora está en manos del Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de 30 días.
El proyecto se aprueba en medio de un ambiente político-electoral por la segunda vuelta presidencial. En el debate participaron trece legisladores.