‘Ya es tiempo de ampliar estrategias para no solo disuadir, sino prevenir y controlar la seguridad en el país’

En las calles la percepción ciudadana se traduce en opiniones divididas. Por un lado están quienes, como Leonardo Campoverde, creen que los operativos conjuntos entre militares y policías se han mantenido con la misma intensidad que desde el inicio del estado de excepción (8 de enero), que incluye la declaratoria de conflicto armado interno (9 de enero).

“Por aquí pasó hasta un tanque de guerra el sábado (23 de marzo) como con seis patrulleros. He visto full operativos por aquí, como que estamos en guerra”, comentó este habitante de las calles Huancavilca y la 12, suroeste de Guayaquil.

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Y por otra parte hay personas que, como Andrés Navarrete, consideran que las intervenciones de la fuerza pública fueron perdiendo vigor con el transcurso del tiempo.

“Al inicio del estado de excepción hubo operativos con militares, policías y ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad) en la av. 25 de Julio y barrios del sur, como Floresta y Guasmo. Paulatinamente se fueron reduciendo. Actualmente no se los ven”, comentó el morador de la ciudadela Sopeña, sur de la ciudad.

Esta percepción de ya no ver operativos se reflejaría, según varios ciudadanos, en que nuevamente se escucha de muertes violentas en las distintas localidades del país, situación que se había controlado con las intervenciones en los meses anteriores.

Considerando el fin de semana pasado, de viernes a domingo, solo entre Guayaquil y las provincias de Manabí, Santa Elena y Esmeraldas se reportó de una treintena de asesinatos.

Los casos de mayor connotación ocurrieron en San Vicente, cantón manabita donde la madrugada del domingo 24, en una playa conocida como Punta Napo, fueron hallados los cuerpos sin vida de Brigitte García, alcaldesa de dicha localidad, y Jairo Loor, comunicador del cabildo. Ambos cadáveres estaban dentro de un vehículo alquilado y, según la Policía, los disparos se hicieron dentro del automotor.

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En tanto que la noche del sábado 23, la provincia de Santa Elena tuvo una jornada violenta con tres ataques diferentes. En el barrio Otto Arosemena del cantón Santa Elena, un grupo de personas fue baleado y producto de aquello tres hombres murieron en el lugar y otra persona falleció en el hospital.

Asimismo, a un costado de la vía en la parroquia Atahualpa, también en el cantón Santa Elena, se encontró un cadáver con indicios balísticos dentro de un carro que estaba volcado. Poco tiempo después, en el ingreso de la parroquia Anconcito, cantón Salinas, un hombre murió tras recibir impactos de bala a la altura del tórax.

Durante enero, según cifras oficiales, Ecuador tuvo una reducción del 45,59 % en los crímenes. Para ese mes, sin considerar el Decreto 111, se proyectaba un registro de 874,88 crímenes en el país, con base en el promedio diario de homicidios.

Pero con la vigencia del decreto el país tuvo en enero 476 crímenes, cifra que representa una reducción del 45,59 % con relación al valor proyectado. Febrero cerró con 365 homicidios en el territorio nacional. Esta cifra significó el 23,32 % menos de asesinatos con relación a lo que hubo en enero.

Y a nivel de Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, en dos meses (enero y febrero) de vigencia del estado de excepción y conflicto armado interno hubo una reducción del 17,29 % de muertes violentas, según cifras policiales.

¿Bajó la intensidad de los operativos policiales y militares?

En los primeros días de abril terminará la extensión del estado de excepción y conflicto armado interno en Ecuador, régimen que ha permitido, entre otras cosas, que militares y policías ejecuten operativos conjuntos de control tanto en las calles como en las cárceles del país.

Del 9 de enero al 11 de marzo, como parte del Plan Fénix que ejecuta el Gobierno a nivel de país contra la inseguridad, se realizaron 167.575 operativos en los que se detuvo a 13.073 personas, 280 bajo la figura de terrorismo.

De las intervenciones más recientes en Guayaquil está la del sector de Socio Vivienda este martes, 26 de marzo, en el sector de Nueva Prosperina, donde con 11 operativos simultáneos se aprehendió a 18 personas que estarían vinculadas con Los Tiguerones, una de las 22 bandas consideradas terroristas por el Gobierno, en el marco del conflicto armado interno.

En esta intervención que se hizo desde la madrugada estuvo el presidente de la República, Daniel Noboa, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, pues el sector es uno de los más peligrosos del Puerto Principal.

“Desde el inicio e implementación de la estrategia del estado de excepción el Gobierno parece que hoy llegó a un cuello de botella y ahora el poner soldados y policías en las calles para persuadir a la delincuencia no está funcionando o teniendo el mismo impacto en seguridad. La problemática de inseguridad es mucho mayor y tiene diferentes niveles donde el Estado hasta hoy no ha podido discernir, canalizar, infiltrar y desmantelar”, opina Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional y ciencias políticas.

Él menciona que para que las estrategias de seguridad nacional funcionen se debe primero depurar casa adentro y luego estructurar el tejido social integral. Que se vele por el desarrollo de cada ciudadano, su comunidad y las diversas zonas pluriculturales que tiene Ecuador.

“El Gobierno empezó bien su plan a corto plazo, pero ya es tiempo de ampliar estrategias donde incluyan planes directos a mediano y largo plazo que permitan no solo disuadir, sino prevenir, controlar, estabilizar, expandir, educar y construir seguridad ciudadana y seguridad nacional. Esto sin descuidar la creación de oportunidades de desarrollo socioeconómico de cada provincia del país”, manifiesta Sevillano.

En esa línea, Katherine Herrera Aguilar, consultora política en seguridad pública y de Estado, sostiene que pasar el liderazgo de la seguridad interna de la Policía a las Fuerzas Armadas fue una “táctica muy buena”, porque se redujeron los hechos violentos y actividades criminales con características de terrorismo.

“Pero el problema fue que con el paso del tiempo se evidenció que esta declaratoria del conflicto armado interno no tenía una hoja de ruta. Si solo se concentra en los operativos, es decir, en las zonas más peligrosas (...) lo único que llevó es a que se migre, es decir, los delincuentes que estaban dentro de estas zonas consideradas peligrosas migren a otros cantones con más calma o tal vez a grandes urbanizaciones o incluso fuera del país y que los pequeños operadores o la base de estas estructuras criminales sean las que estén manteniendo el control de territorio en estas zonas”, comenta ella.

A eso, desde la perspectiva de Herrera, se suma la ausencia de una política pública orientada a recuperar los espacios que se intervinieron con los operativos de las fuerzas del orden.

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”Era el momento ideal, era el momento donde la fuerza pública tomó el control de esos lugares. Era el momento perfecto para que el Estado con todo su contingente, con programas, proyectos que ya tienen las diferentes carteras de Estado se radiquen allí y nuevamente resguarden ese apoyo y esa confianza a la ciudadanía. Sucedió todo lo contrario, se basaron en operativos, se basaron en intervenciones de impacto, pero fue como una bomba de tiempo esta pseudocalma. En cualquier momento se sabía que esto podría estallar, explotar”, asevera ella.

John Garaycoa, licenciado en Criminología, refiere que la percepción de la ciudadanía en cuanto a que ha disminuido la intensidad de los operativos militares y policiales lleva a preguntarse cuál es la planificación actual que hay en las intervenciones.

“Puede que ellos se estén moviendo, y eso no lo sabemos, puede que ellos se estén moviendo a base del recurso económico disponible”, expresa el especialista.

Según él, la lucha contra el crimen organizado debe apuntalarse en cuatro pilares: decisión del Ejecutivo, asignación de recursos, marco legal y control al elemento humano. (I)