Los 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) siguen sin recibir una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, país al que fueron enviados sin haber sido sometidos a un juicio, ni al debido proceso, denunció este lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Un primer grupo de 238 migrantes venezolanos fue enviado al Cecot, una cárcel de máxima seguridad inaugurada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele el 31 de enero de 2023, el 15 de marzo de 2025 acusados de pertenecer a la banda conocida como el Tren de Aragua y designada organización terrorista por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, tanto familiares como autoridades venezolanas rechazan estas acusaciones al asegurar que muchos de estos migrantes son señalados sin pruebas que sustenten su relación con esta pandilla.

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“El Ministerio Público venezolano informa que tras haber enviado el 30 de marzo una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar su intervención en defensa de los derechos de los ciudadanos venezolanos ilegalmente secuestrados en ese país, hemos recibido vía correo electrónico, más de 80 días después, una respuesta vergonzosa de ese ente judicial”, indica un comunicado divulgado por el fiscal general de Venezuela este lunes 23 de junio.

Esta fotografía, publicada el 31 de marzo de 2025 por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador, muestra a migrantes venezolanos a su llegada al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador. Foto: AFP

“Como institución comprometida con los derechos humanos, rechazamos la maniobra dilatoria y evasiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que mediante este pronunciamiento pretende desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos enviados desde Estados Unidos a El Salvador y detenidos allí sin haber cometido ningún delito”, remarca el comunicado.

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Según señala Saab, la Corte declara improcedente la intervención del Ministerio Público venezolano, “alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados”.

Sin respuesta sobre el habeas corpus

Saab indica además, que la corte tampoco ha diligenciado los recursos de habeus corpus solicitados por la defensa de este grupo de venezolanos.

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“Con respecto al habeas corpus realizada por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte señala que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales”.

Saab acusa a la máxima corte de El Salvador a negarse a atender la solicitud de Venezuela.

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Al tiempo que “ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados” permitiendo así que persista “la privación ilegítima de libertad” de este grupo de venezolanos.

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“No aceptaremos que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están. No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales”, subraya el comunicado. (I)

Ministerio Público de Venezuela