Una red que organizaba, en Estados Unidos, matrimonios fraudulentos para obtener beneficios migratorios fue desmantelada en Maryland. La investigación que llevó a efecto el Gobierno permitió detectar al menos 100 matrimonios presuntamente falsos.
Por el caso hay cuatro detenidos y enfrentan cargos criminales, adelantó Michael McCarthy, agente especial a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE ) de Baltimore.
En el sitio web Justice.gov detallan que un gran jurado federal acusó a cuatro personas, Ella Zuran, de 65 años; Tatiana Sigal, de 74; y Alexandra Tkach, de 41, todas de la ciudad de Nueva York, junto con Shawnta Hopper, de 33 años, de Sicklerville, Nueva Jersey, de conspiración para cometer fraude de visas y matrimonio.
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En el operativo participaron, junto al USCIS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio de Seguridad Diplomática y la Fiscalía del Distrito de Maryland.
En La República añaden que el USCIS y el ICE llevaron a cabo la operación “Novias Baratas”, desmantelando un esquema de matrimonios ficticios para obtener visas y Green Cards ilegalmente en Estados Unidos.
Ganancias ilícitas
La red facilitaba los matrimonios falsos y “ganó millones casando a indocumentados”.
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Los líderes de la organización cobraban entre 20.000 y 40.000 dólares “por coordinar cada matrimonio fraudulento”.
Se estima que consiguieron, por esa vía, obtener 4 millones de dólares.
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El modus operandi
Al parecer, estas personas, de acuerdo con McCarthy, reclutaban a ciudadanos americanos y los convencían de entablar relaciones fraudulentas y casarse con extranjeros para así presentar pruebas falsas al Servicio de Inmigración y así obtener beneficios migratorios.
Los acusados “emparejaron a ciudadanos estadounidenses con extranjeros que buscaban beneficios migratorios a los que los extranjeros no tenían derecho, incluida la residencia permanente en Estados Unidos”, especifica justice.gov.
La operación, que detectó al menos 100 presuntos matrimonios falsos, condujo al arresto de 10 inmigrantes y la cancelación de beneficios migratorios a quienes participaron en esas uniones.
Los agentes hallaron patrones sospechosos en las entrevistas, lo que encendió las alarmas.
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McCarthy es enfático y así lo citan en justice.gov: “El fraude matrimonial no es un delito sin víctimas: compromete la integridad de nuestro sistema de inmigración, desvía recursos cruciales y erosiona la confianza pública en un proceso que innumerables personas siguen legalmente y de buena fe”.
Si son declarados culpables, los cuatro acusados enfrentarían hasta cinco años de prisión federal.
En Estados Unidos, destaca Julio Oyhanarte, abogado de inmigración, “casarse para nada más tener papeles es un matrimonio falso, es un delito penal”.
Afirma que tiene pena de cárcel de hasta cinco años y/o pena de multa de hasta 250.000 dólares para cada una de las partes intervinientes”. (I)
