Que por favor no les quiten las cosas. Ese pedido se repite como un eco entre los comerciantes informales del centro de Guayaquil cuando ven acercarse a un agente de la policía metropolitana.

En el 2019, esta urbe tuvo la mayor tasa de subempleo en el país, con 21,8. La situación se agravó con la pandemia del COVID-19, ya que más de 500.000 ecuatorianos perdieron su empleo, según el INEC.

Jordan Fuentes, un vendedor ambulante, contó que fue acorralado por un metropolitano cuando su esposa y él vendían comida en el centro. El agente no le agredió verbalmente, pero sí le quitó el medio con el que sustentaba a su familia.

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“Entendemos que están cumpliendo con su trabajo, su labor es esa, pero deben entender también que no contamos con un negocio estable y tenemos que salir a buscar dinero”, expresó el comerciante.

El escenario que Fuentes vivió es recurrente en la ciudad. Esta semana se difundió un video en el que se ve a policías metropolitanos forcejear con un vendedor de mangos para confiscar el triciclo en el que llevaba las frutas.

Las imágenes causaron revuelo en la ciudadanía, e incluso la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, hizo público su rechazo a las acciones perpetuadas por los agentes.

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Mientras tanto, el comandante de los Agentes de Control Metropolitanos, Jaime Dávalos, defendió que solo estaban haciendo su trabajo, pues el retiro se encuentra legalizado en la ordenanza que regula las condiciones para el uso, control y destino de bienes que ocupan el espacio de uso público sin permiso municipal.

Esta norma permite la incautación de bienes que se encuentren en zonas regeneradas, sin autorización, su almacenamiento durante 30 días y su devolución bajo una multa.

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Sin embargo, el artículo 329 de la vigente Constitución (2008) reconoce el trabajo autónomo realizado en espacios públicos permitidos por la ley, y prohíbe la confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.

Por ello, entes ciudadanos, como el colectivo Tejido Social, representados por Gelacio Mora, apoyan la solución de crear más espacios y oportunidades para este grupo de comerciantes. Con esto coincide Guillermo Leones, dirigente barrial, quien además asegura que el crecimiento del desempleo ha propiciado a muchos a ser comerciantes minoristas.

Especialmente en junio el desempleo alcanzó al millón de ecuatorianos producto de la pandemia de COVID-19.

El economista Francisco Briones, director de Perspectiva, estuvo de acuerdo con que actualmente es muy costoso ser formal, por lo que los ciudadanos buscan otros medios para sostener su economía personal. Por ello, sugirió que normativas como el Código Laboral y las ordenanzas locales deberían ser más flexibles.

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“Si hay lugares en los que no pueden estar ubicados, de acuerdo, pero entonces denle un espacio. A ellos hay que darle posibilidades de trabajo y no agredir” dijo Leones.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, ratificó la necesidad de reeducar a los agentes y a sus superiores, así como la organización de los mismos comerciantes informales para demandar el acceso al trabajo.

En materia de planificación urbana, arquitectos también señalan la necesidad de organización para poder crear alternativas y espacios que beneficien a los ciudadanos.

Jaime Dávalos, comandante de los agentes de Control Metropolitanos.

"Los comerciantes informales son personas que realizan esta actividad porque no tienen otra forma de subsistir. Estoy seguro de que si ellos tuvieran la oportunidad de tener un almacén, seguramente lo harían, pero no están en la capacidad de pagar todo eso. Entonces hacen ese comercio informal como una medida desesperada. Pero los retiros temporales a los comerciantes informales están respaldados por la ordenanza, y solo se hacen cuando los comerciantes hacen obstaculización peatonal o vehicular y se resisten a abandonar el área, como en el caso del video que circula. Yo les recomendaría que para evitar problemas no se ubiquen en los lugares céntricos de la ciudad, que hagan sus ventas fuera del casco comercial, porque detrás de este comercio se genera mucha suciedad y estas personas no se encargan de recoger sus desperdicios".

Francisco Briones, director de la consultora Perspectiva.

"Guayaquil es mucho más volcada al emprendimiento y al comercio, a diferencia de otras ciudades como Quito o Cuenca. Toda la gente piensa que lo más rápido para sostenerse en tiempo de crisis es la actividad comercial. El comercio informal surge por varios motivos, pero principalmente la falta de empleo adecuado debido a la crisis que vive el país y a las rigideces que existen en el mercado laboral, además es demasiado costoso ser formal. Es un problema estructural, debe ser atendido por el Gobierno nacional, aunque los GAD también pueden ayudar flexibilizando sus políticas. El Código de Trabajo es muy rígido, no permite la creación de empleos y más personas tienen la necesidad de crearse una informalidad. Actualmente hay muchísima incertidumbre y por ejemplo se puede cambiar el contrato indefinido por un contrato por horas o tareas".

Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)

"La nueva administración ofreció transformar la policía metropolitana en un orientador del espacio público, pero hasta la fecha se puede apreciar que eso ocurre. Esto se lo vive a diario en Guayaquil. Si bien es cierto que el manejo del comercio informal es todo un desafío, bajo ningún criterio “el garrote” es la manera cómo responder a ese fenómeno. Se necesita una capacitación exhaustiva y permanente para lidiar con estas situaciones que son complejas, respetando los derechos humanos, no solo para la tropa sino también por los jefes departamentales y los mandos medios. Asimismo, tratar de organizar el sector con el que se tiene este conflicto, tienen que lograr una política pública para que ese sector sea organizado, tenga vocería y genere propuestas, en un espacio de diálogo entre la política municipal y los vendedores ambulantes".

Luis Cubillos, arquitecto

"No se puede olvidar que a inicios de la pandemia el comercio ambulante también surtió de productos de primera necesidad a la población. No es justo que se los trate así. Es necesario para su subsistencia un ordenamiento y que ellos exijan juntos cambios en las ordenanzas. Pueden haber comerciantes que salgan por la mañana y otros por las tardes, que tengan medidas de bioseguridad para hacer sus actividades, que haya un registro de los comerciantes informales y que la policía ciudadana está encargada de que no se trasgredan las normas, no darles garrote. Hay compañeros que proponen corredores comerciales en ciertas calles, incluso se podrían definir calles que se vuelvan peatonales un día a la semana. No se puede garantizar al comerciante un espacio en la vía pública, pero sí que pueda desarrollar su actividad comercial". (I)