La concejal Ana Chóez presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por violencia política de género contra el alcalde Aquiles Alvarez. La acción se planteó la tarde de este lunes, 26 de agosto.
Chóez, quien asumió la titularidad luego de la renuncia de Jorge Acaiturri, explicó a este Diario que los actos en los que basa el argumento de su denuncia se registraron durante las sesiones del Concejo Cantonal del 11 de diciembre de 2023 y del 9 de mayo de 2024.
En la sesión de diciembre existieron roces entre Alvarez y Chóez al abordar el tema de la entrega de tablets.
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Mientras que el 9 de mayo de este año hubo un nuevo cruce de palabras luego que la concejal criticara la ausencia de la autoridad (por una licencia) y señalara que no se estaba cumpliendo la disposición del Cootad en la que se establece que los concejos municipales deben sesionar ordinariamente cada ocho días.
La edil socialcristiana afirmó que ha “sido totalmente excluida de las transmisiones” del Concejo Cantonal y que incluso no dispone de un micrófono para exponer sus argumentos durante las sesiones.
“Me siento humillada y denigrada constantemente, y siento que no permiten que la ciudadanía me reconozca como la voz que habla en la exposición de mis argumentos y aportes (...). Esto es sistemático y es insoportable, no puedo tener un ejercicio pleno de representación popular”, dijo a este Diario.
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La acción presentada por Chóez plantea que el actual alcalde sea sancionado con 60 salarios básicos, destitución del cargo e inhabilitación de sus derechos políticos por cuatro años, además de las respectivas disculpas públicas.
El pasado 19 de agosto, la asambleísta Lucía Jaramillo presentó también una denuncia contra Alvarez. Jaramillo recurrió ante el TCE para que se sancionen las expresiones emitidas por Alvarez a través de su cuenta de X el 16 de julio.
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La violencia política de género está contemplada en el Código de la Democracia como una infracción electoral muy grave y se sanciona con una multa que va desde 21 salarios básicos hasta 70 salarios, destitución o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. (I)
