“Prioridad para el agricultor”; “No trafiquen con la tierra de los campesinos”; ”Adjudicación para campesinos que trabajan la tierra y alimentan las ciudades”. Estos pedidos constan en carteles que se pueden leer al transitar por la ruta Durán-Boliche, a la altura del km 15, en una zona conocida como Las Mercedes.

Estos mensajes han sido colocados esta semana por agricultores que se consideran perjudicados por el despojo de tierras en esa zona, en medio de esta importante ruta que conduce del cantón ferroviario hacia Milagro y Virgen de Fátima.

En esta zona, agremiados de diez asociaciones siguen las incidencias y revelaciones de casos de connotación nacional, entre los cuales destaca el testimonio anticipado de Mayra Salazar en el caso Metástasis.

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El jueves anterior, Salazar detalló las influencias que supuestamente aplicaba el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes en causas judiciales relacionadas con conflictos de tierras.

En su relato, ella expuso —por ejemplo— el caso de un predio de mil hectáreas que era de los hermanos Isaías y estuvo incautado por el Estado ecuatoriano. El sitio, que se inicia posteriormente al paso del peaje, se dividió en diez lotes con una asociación de agricultores para cada uno.

“Pablo Muentes Alarcón, a través de sus operadores del Ministerio de Agricultura, hace que se le adjudiquen estas fracciones a varias personas naturales, y a su vez estas les venden esas propiedades a los operadores de Pablo Muentes, incluyendo a su familia”, indicó Salazar en su relato.

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Con estas declaraciones, ese mismo jueves anterior, dos grupos de asociaciones, Patria Nueva y Mariva, intentaron volverse a posesionar en terrenos que aducen fueron posesionados años atrás por parte del Ministerio de Agricultura.

Un grupo de los asociados ingresó al predio que anteriormente ocupaban, y el otro lo intentó, pero no lo logró concretar, en medio de la presencia policial, según contaron agricultores.

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Asociaciones de agricultores expusieron que recibieron documentación para posesión de terrenos. Foto: Ronald Cedeño

Ahora, en medio de los supuestos actos irregulares revelados en la trama Metástasis, entre las asociaciones esperan reclamar por las tierras y que puedan retomar su ocupación.

Entre ellos coinciden que igual mantienen temor por los episodios de desalojos que han vivido y actos amenazantes en su contra.

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En el sistema judicial constan procesos por este litigio. Incluso hay personas procesadas por un caso de supuesta ocupación, uso ilegal y tráfico de tierras. El demandante es una empresa que reclama predios que están en la jurisdicción de Durán y se acusa a personas de la ocupación ilegal.

Hace un año y cuatro meses, ellos fueron desalojados en medio de litigios con firmas o empresas que estarían asociadas por medio de allegados o terceros al exasambleísta, según indicaron agricultores.

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En este tiempo han tenido varios incidentes y envíos de oficios con alertas de desalojo y posibles sanciones legales por la supuesta ocupación ilegal del terreno. Ellos aducen tener documentación de la posesión dada desde el Ministerio de Agricultura.

Entre los agricultores mencionaron que las adjudicaciones que se presentaban para tomar posesión serían “fraudulentas” y se aplicaban advertencias con emisarios, envíos de hojas de alertas de desalojo y hasta la llegada de personas con armas y el empleo de la fuerza pública.

Según ellos, el grupo que no pudo ocupar los terrenos que antes ocupaban debió ponerse a buen recaudo por una serie de detonaciones que se escucharon por parte de personas que se mantienen en el área.

“Que de nuevo se vuelva a la normalidad, que los compañeros vuelvan a sus tierras, por lo que tanto tiempo lucharon. Cuando ellos entraron aquí, era pura montaña. Ellos tienen pruebas como cultivaban. Que el Ministerio de Agricultura los posesione de nuevo”, dijo Mirtha, una de las agremiadas en Mariva y que, como el resto, prefiere mantenerse en el anonimato.

Sobre otro costado de la carretera, Florencio, otro agricultor de la asociación Fe del Campesino, expuso que están posesionados del terreno, pero aún está pendiente la adjudicación por parte de la cartera de Estado.

En su asociación figuran 38 socios dedicados a la agricultura de distintos productos. Para él, existe temor de que se repitan episodios de desalojos y que deban darse eventos de represión por la lucha por las tierras que por ahora no han sido despojadas.

En años anteriores, los predios en disputa eran usados para el cultivo de cacao, arroz, verde, choclo, maíz, entre otros productos, con lo que subsistían los pequeños agricultores. En esa zona además habitaban con sus familias, incluyendo adultos mayores. Varios predios han quedado solo en monte, y en algunas áreas hay construcciones levantadas.

“Con esto (revelado en el caso), que el Estado vuelva a coger las tierras, que desaloje a los que estén metidos y el Ministerio de nuevo nos posesione”, reclamó otro agricultor, Fabián, agremiado en Mariva, donde hubo desalojos.

Este viernes, en la zona no había resguardo policial, mientras los agricultores esperaban que autoridades del Ministerio de Agricultura puedan acercarse para resolver la situación. (I)