Corría el 2010 y Doris Escobar Rodríguez pasaba más en el hospital que en su casa y en su zona de trabajo. Su esposo, Carlos López Ron (afiliado), de 58 años, batallaba contra un cáncer de amígdalas, que después se extendió a los pulmones. Un día, al palparse el seno izquierdo sintió una masa que terminó en cáncer de mama para la mujer. Él en quimioterapia y ella recién operada y en tratamiento. Así pasaron días y semanas.

Carlos incluso dejó de recibir, por más de dos meses, las inyecciones que necesitaba cada ocho días porque se terminaron en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, sur de Guayaquil, donde ambos fueron atendidos.

No importaron las lágrimas y súplicas que hacía Doris entonces en busca de la medicina para su esposo. Él murió, sin recibirlas, en julio del 2011, mientras ella seguía en tratamiento también por el cáncer de mama en esa casa de salud del Seguro Social donde después le detectaron cáncer de colon.

En el 2012 los médicos le dijeron a Doris que no podía trabajar más por la afectación en sus manos, a raíz de la enfermedad maligna. Era costurera y pagaba (desde 1979) las mensualidades de su afiliación al IESS como artesana. Ella debía jubilarse por invalidez, ya que el cáncer le dejó secuelas irreversibles. Por ejemplo, no puede tener cortaduras, no puede estar en contacto con fuego (porque se le hincha el brazo), no tiene la fuerza necesaria en su brazo izquierdo y en toda la zona donde le sacaron los ganglios, entre otros daños. En ese brazo no puede tampoco tomarse la presión, ni ponerse inyecciones. Toma más de seis pastillas al día.

Publicidad

Pero su batalla más larga, la que la ha dejado sin comer, sin dormir, por la que se ha desmayado y la que le ha alterado los nervios y su salud, dice, estaba por empezar. Cuenta que en el 2015 le fueron a dejar a su casa unos oficios donde para la fecha le decían que debía más de $ 15.000 por diez glosas administrativas por mora patronal y que debía pagar cuanto antes. Con intereses y honorarios que también le cobraban, la cifra llegaba a los $ 20.000.

Doris Escobar Rodríguez cuenta su historia de vulneración de derechos. Insta a otros a luchar por sus derechos. Foto: José Beltrán Foto: El Universo

“Esto no es mora patronal, son los costos de mi tratamiento por el cáncer. En los papeles decía que eran como $ 14.000 por la cirugía del cáncer de mama; casi $ 3.000 por unas quimioterapias; luego otros $ 1.000 más por otras quimios, otros miles de dólares más por el tratamiento del cáncer de mama, y así seguía”, dijo Doris desde un primer momento y lo repite ahora. Fue al IESS a pedir explicación y quiso arreglar la situación, incluso llegando a convenios de pago, pero, sostiene, nunca la ayudaron y querían que pague todo.

En ese año 2015 comenzó su batalla contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y también contra el hospital Teodoro Maldonado Carbo. La primera entidad le embargó y le retuvo por completo sus pensiones de viudez y de jubilación (por invalidez) para cobrar parte de “la deuda” mediante un proceso coactivo. E incluso, sostiene Doris, la amenazaron con quitarle la casa (el único bien que le quedaba) para saldar todos los rubros generados por las glosas. Y la segunda institución, el hospital, “la obligó a cancelar todos” los valores atrasados de sus aportes mensuales antes de darle cada atención médica que requería entre el 2010 y 2012. A eso le suma los malos tratos que, afirma, recibió por parte de algunos funcionarios.

“No es que no pagué mis aportes, todos los pagué, lo único es que me atrasé unos días por la misma situación que pasaba. Dígame, yo con cáncer, mi esposo también con cáncer, en el hospital, luchando por la vida, con otras cosas en la cabeza y cómo iba a trabajar esos días y pagar a tiempo… Después para mi tratamiento, para las operaciones, para las quimioterapias, siempre me hacían ir a la ventanilla 11 para que me sellaran la hoja en la que decía que estaba al día en el pago y me pudieran dar la atención, si no, no me atendían”, explica Doris, quien tras seis años de intentar ganarle la contienda al IESS porque “violaron sus derechos”, la Corte Constitucional (última instancia) emitió sentencia a su favor y declaró “la vulneración de los derechos a la salud, a la seguridad social, a la seguridad jurídica y a la vida digna” por parte del hospital Teodoro Maldonado (en el caso del derecho a la salud) y del IESS.

Disculpas públicas, devolverle el dinero retenido y $ 5.000 más por daño inmaterial, entre medidas que deben cumplir el IESS y el Teodoro Maldonado a usuaria que le embargaron pensiones

Aquel fallo de última instancia (dado el 28 de julio de 2021) se conoció públicamente el miércoles 11 de agosto, a través de la Defensoría del Pueblo, entidad que atendió el caso de Doris, ahora de 66 años, y que, por medio de sus autoridades, plantearon en abril del 2017 una acción de protección para ella y en contra de las directoras general (nacional) y provincial del IESS y del gerente general del hospital Teodoro Maldonado por la vulneración de derechos. Y aquella sentencia sienta también precedente para que no se repitan casos de vulneración de derechos como le ocurrió a Doris.

Durante estos seis años que ha vivido en completa angustia y tras la retención de sus pensiones (era su único ingreso tras quedar imposibilitada para trabajar), Doris vendió todo lo que tenía en su casa, muebles, mesas, electrodomésticos, vajillas… para costearse también las medicinas de sus tratamientos que no tenía el hospital y para “medio comer”. Había días en que no tenía qué comer.

Publicidad

Tenía que conseguir dinero, prestando, porque era mi vida, cada vez, durante tres o cuatro meses, que no había la bendita pastilla en el hospital (del IESS) me tocaba comprármela. Solo en esa pastilla gastaba $ 250 mensual, más las demás medicinas.

Doris Escobar

Sobrevivió, asegura, gracias a sus vecinas, como Janeth Chóez que incluso le prestó un día una silla de ruedas y la llevó a su primera audiencia en este largo proceso por demostrar “que tenía la razón”, y a los abogados de la Defensoría, que se preocuparon además por su salud. También sus vecinos y quienes conocieron su caso la ayudaron con alimentos, con ropa que le daban para vender y prestándole enseres y otros menajes que había vendido, ya que tras la muerte de su esposo quedó sola y sin poder trabajar. Ahora un sobrino es su bastón.

Y aunque estos días respira con más calma porque sabe que ya no le podrán quitar su casa, la que adquirió con su esposo y tras “años de sacrificios”, vive con las secuelas del daño psicológico que asegura le ha causado este proceso, como el insomnio. Y ahora la ansiedad crece porque este 26 debe someterse a una biopsia para saber si el cáncer llegó a su útero.

El Seguro Social tiene que cambiar sus personeros, tiene el director que estar encima, viniendo que no se cometan estas injusticias, porque es injusticia. Y las personas que han pasado o están pasando por esta situación, sepan que tienen solución, primero con Dios, y después con la Defensoría del Pueblo, ahí hay muy buenos abogados para que los defiendan. Luchen por sus derechos.

Doris Escobar, jubilada y a quien el IESS le vulneró sus derechos

He padecido cómo usted no cree, solo Dios me ha dado la fuerza y el valor para seguir adelante, solo él, porque si no me hubiera perdido, y hasta fallecido, pero solo Dios me tiene aquí luchando... Las vecindades, gente pobre, humilde, han estado también conmigo, ayudándome, dándome fortalezas y hasta comida.

Doris Escobar, luchó seis años contra acción del IESS

Fallo de Corte Constitucional sienta precedente

La sentencia de última instancia contempla algunas medidas de reparación y compensación para Doris Escobar, así como medidas de no repetición que benefician también al resto de la población y a quienes podrían estar en la situación de Doris, además de las disculpas públicas para la afectada.

Entre las medidas de compensación, además de devolverle los valores retenidos que no hayan sido devueltos, constan que el IESS deberá pagarle a Doris $ 7.694,39, por daño material, en un plazo de dos meses de notificada la sentencia. Y cancelarle también otros $ 5.000 por daño inmaterial, también en un plazo de dos meses.

Entre las medidas de no repetición constan que el IESS en el plazo de 30 días de notificada la sentencia deberá informar a la Corte Constitucional las acciones que ha tomado para el “cumplimiento de las medidas de adecuación normativa ordenadas en la sentencia”. Además, deberá realizar una amplia difusión de la sentencia a los funcionarios encargados de los procesos de coactivas.

También hay medidas de no repetición para el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Una es que “deberá revisar su normativa interna, instructivos y sus procesos organizacionales y en el plazo de cinco meses notificar a la Corte los cambios que se realizarán para que las personas que cumplen los requisitos para ser beneficiarias del seguro de enfermedad no sean privadas de este derecho por encontrarse en mora de sus aportaciones”.

Otra: “realizar una investigación interna que determine si efectivamente en las ventanillas de atención se requiere el pago de aportaciones atrasadas antes de recibir la atención médica de salud a la que el afiliado tiene derecho”. Tiene cinco meses para enviar a la Corte los resultados de la investigación interna.

Y la tercera medida de no repetición se refiere a la amplia difusión de la sentencia del caso de Doris a sus funcionarios que atienden a los usuarios. (I)

Soy artesana, autónoma (ahora ya jubilada), si no pague al día (aportes como artesana) era porque estaba cuidando a mi esposo con cáncer (2010 y 2011) o en mi tratamiento de mi cáncer de seno, en mis quimioterapias. Si no trabajo cómo voy a pagar o a estar preocupada en pagar exacto cada 15, pagaba unos días después, pero pagaba, con intereses y todo pagaba. Entonces por qué procedieron a hacer eso (glosas y luego cobro por coactiva), y sin notificarme, me quitaron de un momento a otro mis pensiones.

Doris Escobar, afectada por acciones del IESS en el 2015. Fallo ahora le dio la razón