A través de redes sociales se promociona la venta de carnés y certificados de vacunación en varias ciudades, incluyendo Guayaquil. Esto fue denunciado por ciudadanos y ahora se evidencia a través de cuentas de Facebook o grupos de WhatsApp.

En las publicaciones en redes sociales se anuncia que se entregan los datos de la persona que necesite el documento y que supuestamente se lo ingresa en el sistema del plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP). Por este proceso se piden $ 20 para entregar el documento, detalló una moradora de las Acacias, en el sur de Guayaquil.

Adicional a este mecanismo, otros denunciantes indicaron que también por WhatsApp se ofrecen estos servicios. Allí piden $ 30 por el documento e incluso se lo llevan al domicilio. “Muchos aprovechan de que hay gente que no se quiere vacunar porque le teme a la vacuna, porque dicen que tienen chip, entonces caen en las redes. Ahora también las largas filas hacen que las personas desistan y busquen estas opciones”, comentó un ciudadano en exteriores del vacunatorio en el Colegio José María Egas.

Estas denuncias de certificados falsos también se han replicado en Quito. Así como la elaboración de certificados médicos falsos para que personas puedan ingresar como grupos vulnerables y acceder a la dosis sin que les corresponda la fecha, según el cronograma.

El Ministerio de Salud Pública lleva adelante el nuevo Plan de Vacunación 9/100 con el que prevee tener 9 millones de ciudadanos vacunados con ambas dosis para septiembre próximo. Hasta la fecha se han aplicado más de 10 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis en todo el país.

Autoridades pidieron a la ciudadanía evitar caer en engaños, ya que pueden ser estafados.

El fiscal César Peña indicó que en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se detalla que la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos en la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (I)