“Hay una crisis por el desplazamiento forzoso de familias en Socio Vivienda”: Mesa Regional de Cooperación en Guayaquil pide tomar medidas urgentes

Un llamado a reconocer formalmente la situación de desplazamiento forzoso en Guayaquil realizó este viernes, 21 de marzo, la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo, integradas por ONG, fundaciones, iglesias, universidades, y otras instituciones.

Esto para permitir a las familias afectadas acceder a mecanismos de protección y asistencia luego de que se han visto obligadas a dejar sus viviendas en Socio Vivienda, en el noroeste, después de la masacre que ocurrió el pasado jueves, 6 de marzo.

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Allí asesinaron a 22 personas y luego de esto los asesinatos han seguido en ese sector, pese a que se dispuso la militarización e intervención policial. Continuos operativos ha realizado la fuerza pública para desarticular a grupos de delincuencia organizada.

En este acto que se realizó este viernes, 21 de marzo estuvieron Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH); Estefanía Andrade, del Comité de Emergencia; Javier Gutiérrez, de Misión Alianza Noruega; Evandro Moreno, de movimientos Barrios de Lucha.

Moreno indicó que hay un estigma con Socio Vivienda, que se refieren como “tierra de criminales” y no se evidencia a las buenas familias que viven confinadas en esa zona, debido a la acción delincuencial que existe en ese sitio.

Añadió que desde la creación de Socio Vivienda en el 2012 ha sido militarizada en seis ocasiones, sin lograr soluciones efectivas a los problemas de inseguridad.

Andrade comentó que se ha identificado 110 familias afectadas, que a más del desplazamiento de estas personas, los camiones que proveen servicios, distribución de productos y hasta vehículos de transporte público ya no ingresan a Socio Vivienda.

“Eso no es una simple emergencia social, esto es una crisis de la ciudad, son personas que han tenido que abandonar todo lo que construyeron en sus vidas”, lamentó.

Navarrete indicó que el desplazamiento forzoso y el confinamiento de familias no solo representan una crisis humanitaria, sino también una grave amenaza para la estabilidad social de la ciudad, no solo del sector.

Además que la inacción prolongada solo agravará la situación, profundizando la violencia y el sufrimiento de las comunidades afectadas.

Allí se expuso informes recientes que indican que Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina, con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Andrade pidió que las autoridades tanto de Guayaquil como del país se enfoquen en asistir a las familias afectadas de esa emergencia humanitaria.

“No basta que nosotros nos organicemos, necesitamos más manos y que las autoridades asuman la responsabilidad que les compete”, insistió ella. (I)