La fachada de Guayaquil: en 2022 se abrieron más de 400 expedientes por incumplir ordenanza de pintar inmuebles

Caminar por la zona céntrica de la ciudad es, entre otras cosas, observar un matiz de antigüedad y modernidad: edificios viejos y en mal estado versus aquellos que con reformas contribuyen al ornato de la ciudad.

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Una gran muestra de ello se evidencia al recorrer avenidas como la Quito, Machala y el bulevar 9 de Octubre y sus alrededores. Si bien existen edificaciones totalmente remodeladas, hay algunas que aún carecen de arreglos en fachas o que, en su defecto, están abandonadas.

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Las calles Colón, Vélez, Clemente Ballén, Pedro Moncayo, Alejo Lascano, José de Antepara, en el centro, son algunas de las arterias viales que tienen una mayor presencia de inmuebles que están con notable desgaste en las fachadas que dan hacia la calle.

Este aspecto existe en Guayaquil a pesar de que desde el 2001 hay una ordenanza que norma la obligación que tienen los propietarios, administradores, arrendatarios u ocupantes de inmuebles de pintar adecuadamente y debidamente las fachadas, cerramientos, cercas o verjas de las edificaciones para el embellecimiento y ornato de Guayaquil.

La ordenanza establece parámetros de colores, pero asimismo da libertades a propietarios para escoger la pintura de sus fachadas.

Dentro de la norma se excluyen, por ejemplo, tonos que causan contaminación visual como negro, verde perico, rojo vivo, azul eléctrico y amarillo patito.

“Procurar una estética urbanística que aliente el desarrollo del turismo y fomente el progreso de nuestra comunidad”, dice la normativa firmada durante la administración de Jaime Nebot Saadi.

Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio, indicó que desde el año 2005 esta ordenanza que rige en todo el cantón no ha sido reformada. Sin embargo, a pesar de la antigüedad de la norma, se han abierto expedientes administrativos a quienes la incumplen.

Por citar, en 2022, el cabildo levantó 496 expedientes sancionadores a predios que no obedecieron lo establecido en la ordenanza. La gran parte de estos inmuebles están ubicados en la zona pericentral de la ciudad, es decir, centro y parte del norte de la ciudad.

Si bien no han existido sanciones pecuniarias, por cuanto la ordenanza no contempla multas de ese tipo, se ha exhortado a los usuarios a, obligatoriamente, pintar con los colores autorizados.

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En caso de que se incumpla, explicó Narváez, el Municipio procederá a pintarlos con la gama de colores adecuados cuyos costos serán cobrados al propietario del inmueble.

Cuando ocurre una situación así, se genera un expediente administrativo sancionador que compromete al dueño del inmueble a subsanar la contravención, caso contrario, a través de título de crédito se les cobra en los impuestos prediales.

Durante 2022 se acercaron los dueños de los inmuebles a firmar un acta de convenio en la que se comprometían a subsanar la contravención a la ordenanza de fachadas.

Celia Moreno, quien vive en un edificio de la calle Esmeraldas, contó que hace tres años tuvo que realizar el trámite para comprometerse a pintar su vivienda.

En ese entonces, dijo, no tenía los recursos para hacer las mejoras y solicitó un crédito para hacer los trabajos. “Es un poco fuerte saber que uno tiene que poner de su dinero a veces no teniendo. Uno sabe que debe pintar, pero a veces no hay platita y por eso uno pasan 10, 20 años dejando ahí todo”, afirmó.

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Un morador de la avenida Quito, en cambio, desconocía de la normativa y señala que hay poca difusión de este tipo de ordenanzas que suponen la obligatoriedad de algo.

“Puede ser algo viejo y que a veces se piensa que ya no está vigente. El Municipio debería volver a decir que se puede sancionar para luego no llevarse sorpresas”, dijo Juan Masache.

Para el urbanista Luis Alfonso Saltos, al ejercer una obligatoriedad no existe un incentivo y eso desmotiva o frena que las personas accedan a mejorar sus fachadas, cerramientos, entre otras zonas establecidas en la ordenanza.

Un buen incentivo, dijo, sería que la persona que mejore su inmueble pueda tener una gracia total o descuento de predial. Este beneficio podría estar dentro de una política pública de incentivo.

“El incentivo no repondría toda la inversión que se haría para el mejoramiento, pero es una manera de empujar a que más personas adecenten sus viviendas”, afirmó Saltos, quien añadió que esto también podría generar que dichos inmuebles ganen plusvalía de ser el caso que salten a la venta. (I)