El fiscal general, Galo Chiriboga, espera que los jueces analicen con prudencia y en contexto el caso de los doce jóvenes, alumnos en su mayoría, del Instituto Central Técnico.

Chiriboga admitió ayer que sobre este proceso la Fiscalía tuvo una actitud mixta, pues en un primer momento no se acusó a los estudiantes porque no se pudo identificar a ninguno en los videos, tampoco hubo pruebas para acusarlos, “opinión con la que el fiscal general coincide, pero el fiscal provincial (Miguel Jurado) consideró que hubo una infracción y acusó”, sostuvo.

El abogado defensor de uno de los jóvenes, Juan Guamba, observó que hay contradicciones en el pedido del fiscal provincial, porque en su escrito para reformular la decisión inicial sostuvo que no hubo concierto previo. Pero en la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal José Luis Jaramillo enfatizó que la acción de protesta fue “intencionalmente dirigida a la desestabilización”. Por eso, ratificó su acusación del delito de rebelión.

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Los bates de béisbol, las cadenas y demás objetos “contundentes por definición de nuestro Código Penal constituyen armas que pueden causar daño... Quien oculta su rostro implica el ejercicio de una conducta desde todo punto de vista reprochable”, aclaró el juez.

María Toaquiza, madre de uno de los jóvenes, sostuvo: “Ya estábamos resignados a esta decisión que tan injustamente se ha tomado, todo es injusto…”, en alusión a las acusaciones presentadas por el fiscal.

Carmen Pillajo contó que la madre de otro de ellos está en España y sufre una enfermedad que la dejó parapléjica. “Enfrentar este juicio es muy difícil económica y emocionalmente, las autoridades no tienen corazón. Son muchachos y con esto nosotros estamos más que seguros que lo que quieren es condenarlos y hundirlos”.

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Central Técnico: Apoyo a jóvenes
Comunicado
La Juventud Revolucionaria del Ecuador rechazó el llamado a juicio: “...La acusación de la Fiscalía es desmedida y desproporcional al acusarlos por el delito de rebelión, incluso al señalar que las manifestaciones fueron graves atentados a la institucionalidad democrática del Estado”. Y que el fiscal, que también actuó en el caso de los 10 de Luluncoto, “es una buena marioneta del Gobierno”.