El poderoso multimedios argentino Clarín presentó este lunes un plan de adecuación a la ley antimonopólica de radio y TV, pese a considerarla un atropello del gobierno argentino, que le garantizó poder conservar los medios más valiosos.
El grupo anunció en un comunicado haber presentado "ante la Justicia y la AFSCA (ente regulador), un plan de adecuación voluntaria al régimen de licencias de la ley de medios, ante el avance ilegal y de facto que emprendió el gobierno en los últimos días para quitarle compulsivamente sus medios audiovisuales".
La Corte Suprema de Justicia declaró el martes pasado la constitucionalidad de la norma sancionada en el 2009 y dio la razón al gobierno al sostener que "es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado".
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"Frente a la política de hechos consumados (del gobierno), el Grupo Clarín decidió separar sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades empresarias, cada una de ellas respetando los límites del artículo 45 (antimonopólico) de la ley de medios", afirma la empresa en su declaración.
El grupo mediático posee 41% de mercado de radios, 38% de la televisión abierta y el 59% de la televisión por cable, cuando el máximo en todos los casos es de 35%, según el gobierno, que hará la tasación de los medios excedentarios y los someterá a licitación pública.
Apenas horas antes de la presentación, el gobierno anunció que el grupo, uno de los mayores de Latinoamérica, "se va a quedar con las licencias de mayor valor económico o simbólico", dijo el jefe del ente regulador, Martín Sabbatella, a la radio Nacional Rock.
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Sabbatella precisó que "después de la tasación (de los bienes), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) hace una selección y verá qué licencias concursa. El objetivo es causarle el menor perjuicio a la empresa".
"Queremos que Clarín se ajuste a la ley y no perjudicarlo", dijo el funcionario, presidente de la AFSCA, que el miércoles pasado inició el proceso de oficio a raíz de que el multimedios no había presentado la adecuación voluntaria.
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En defensa de la posición del grupo se difundieron en los últimos días comunicados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), así como de la patronal de medios de Argentina y legisladores de la oposición, con el argumento de que la ley restringe el derecho de propiedad y la libertad de expresión.
El grupo aclaró que "el plan -que no interrumpe ninguna de las acciones judiciales que lleva adelante para defender sus derechos- se presentó solicitando que se cumpla integralmente la sentencia de la Corte Suprema".
La compañía pidió que "se garantice la actuación de una autoridad de aplicación independiente, imparcial y con solvencia técnica, que pueda asegurar un tratamiento transparente e igualitario en la aplicación de la ley, lo contrario de lo que sucede hoy".
