El Gobierno argentino aprobó este lunes el plan de adecuación presentado por el Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático del país, que tendrá que dividir su estructura actual en seis empresas independientes para cumplir con la ley de medios, informaron fuentes oficiales.
La Asociación Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobó "por unanimidad" el proyecto presentado por Clarín, según informó el ente estatal de medios audiovisuales en un comunicado.
"Con la adecuación de Clarín a los límites de la ley no se termina su derecho a informar y opinar con libertad, que siempre defenderemos. Se termina su posibilidad de imponerse como un gigante económico y monopólico para manipular la opinión pública y condicionar la democracia", opinó el presidente de Afsca, Martín Sabatella, según el comunicado.
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"Es el inicio del fin de las posiciones hegemónicas en el mercado de la comunicación que tanto daño le hicieron y le hacen a la pluralidad de voces y a la libertad de expresión", destacó Sabatella.
El presidente del Afsca explicó también que Clarín y el resto de grupos que han tenido que cambiar su estructura tienen 30 días para presentar los nombres de los futuros licenciatarios, que serán nuevamente analizados por el organismo.
Desde la aprobación del plan, las compañías contarán con 180 días para completar el proceso de transferencia a los nuevos titulares.
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El Grupo Clarín presentó en noviembre pasado su plan de adecuación voluntaria después de que la Corte Suprema declarase constitucional la ley de medios audiovisuales, tras cuatro años de litigio entre el Estado argentino y Clarín.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había sido aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en el 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante la última dictadura militar.
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La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
El Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa pero repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país, como el español Prisa.