Grupos de derechos humanos y ambientales alertaron ayer sobre el supuesto perjuicio que sufren las poblaciones Tundayme (cantón Pangui, Zamora Chinchipe) y la zona de Íntag (Imbabura) por tareas de la estatal Empresa Nacional Minera (Enami) y EcuaCorriente.

En el primer caso, Harold Burbano, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), mostró preocupación porque en el barrio San Marcos, zona de influencia del proyecto Mirador tienen “reportes de que existe un desplazamiento de las personas y la militarización de la comunidad”. Además expuso que hay evidencia de criminalización de al menos 35 líderes y defensores de la zona.

EcuaCorriente reportó que ha cumplido con los compromisos con los exposesionarios y que carece de verdad que incumplan una falta de pagos. Ayer informó que el grupo de trabajadores que desde el sábado ocupaba el campamento, depuso la medida de hecho.

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Burbano mostró una carta a EcuaCorriente donde residentes piden que cesen “los ilegítimos atentados que son víctimas, como el derrocamiento de la capilla y de la escuela”.

En tanto, grupos de derechos humanos y ecologistas dijeron que Enami instaura “un estado de intimidación” en la zona del proyecto Llurimagua.

Santiago Yépez, gerente de Enami, indicó que en Íntag se toman muestras de suelo, aire, agua, flora, ruido e información social, para saber la cantidad de minerales y si es factible un estudio de impacto ambiental para un proyecto minero.