El impuesto del 2 por 1.000 sobre los capitales de las empresas registradas en Guayaquil, cuya ratificación consta en el proyecto de ley de Asociaciones Público Privadas (APP), fue una de las principales preocupaciones expuestas por la Cámara de Comercio del puerto principal, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea que comenzó a tratar el texto.

“Por un lado, nos genera a los que vivimos en el cantón Guayaquil un problema de competitividad, porque si viene un inversionista extranjero o local y ve que en este cantón le cobran $ 80 mil, $ 300 mil (...) muy probablemente diga, bueno, me voy a otro cantón (...), pero adicionalmente podría ser un peligro para las inversiones que tanto necesitamos de inversionistas extranjeros”, señaló Juan Carlos Díaz-Granados, director de ese gremio.

Para determinar si ese impuesto está o no vigente con la aprobación del Código Monetario, Lídice Larrea (AP), presidenta de la comisión, indicó que mañana comparecerá el procurador, Diego García.

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En cambio, Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, planteó que el Comité Interinstitucional del proyecto de ley debe conformarse con participación privada, pues según el texto, lo integraría solo el sector público. A ese planteamiento se unieron legisladores como Patricio Donoso (CREO).

Sobre el tema, la ministra de la Producción, Nathalie Cely, mencionó que existe un Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo en el que sí hay representatividad empresarial.

“Si a ustedes les da mayor tranquilidad que creemos un comité para las alianzas público-privadas dentro de este Consejo de Desarrollo Productivo encantada (...)”, dijo. (I)