El secretario del Agua, Carlos Bernal, explica sobre la tarifa que se pretende cobrar a los municipios, desde el 2017, cuando capten por encima de cierto volumen de agua cruda. Se basa en la Ley de Aguas.

Hace dos enlaces sabatinos usted anunció que en 2016 se pondrá a prueba esta política. ¿Cómo será el proceso?
Esto pasa por transparentar los subsidios. El Decreto 797 dispone transparentar en la factura de servicios, del monto a pagar, cuánto está subsidiado por el Estado. Lo que hemos planteado es un esquema: un periodo de medición, que va de marzo de 2016 a marzo de 2017. Y, a partir de ese periodo de 2017, se establecerían los montos a cobrar.

¿Por qué en este caso se habla de subsidio?
Tenemos un estudio econométrico que ha determinado que el país invierte en conservación, protección de cuencas y regulación, un determinado monto de dinero. Y otro, cuando hay infraestructura.

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Pero la protección ambiental y la dotación de obras son obligaciones del Estado.
La ley garantiza el uso de agua para consumo humano como un derecho, pero eso no quiere decir que no tenga costo, que no se invierte.

¿Cómo se garantizará que la tarifa no sea trasladada al usuario?
Vamos a ser muy cuidadosos a través de la agencia de control de que no suban las tarifas. Tenemos información de los mismos municipios que revelan ineficiencias en términos de pérdidas. Lo que se busca es la eficiencia de los municipios.

¿Qué hay del derroche de agua que hacen los usuarios?
Definitivamente hay un uso exagerado. Europa maneja métricas de entre 60 y 80 litros por habitante, por día. En nuestra propuesta estamos proponiendo hasta 200 litros por habitante, por día. Todo lo que exceda eso se considera que es un desperdicio.

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En 2017 se cobrarían las tarifas. ¿Tienen ya valores tentativos?
Dos centavos para los municipios que no se benefician de infraestructura y seis para los que sí. (I)