“Arreglamos dos años de trabajo comunitario y pagar $ 3.000 ($ 1.000 por cada uno de los muchachos)”, comentó ayer Jenny Oñate, madre de uno de los tres jóvenes que fueron filmados mientras buscaban dañar un fotorradar en la avenida Manuelita Sáenz, la madrugada del 17 de septiembre pasado.
El Municipio de Ambato señaló en un comunicado que el hecho se suscitó a las 03:22, que los causantes fueron tres hombres que iban en carro rojo.
En el documento, Jaime Castellanos, gerente general de Safety Enforcement Seguridad Vial (SES), compañía que administra el sistema, señaló que “cerca de la hora mencionada, el automotor pasó por el sitio a exceso de velocidad y al darse cuenta que fueron infraccionados y fotografiados por la cámara dan la vuelta en U y retornan al lugar”.
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“En primera instancia se bajan dos sujetos del automóvil con una llave de tuerca tratando de golpear el lente de la cámara y al no poder hacerlo, subieron a la altura del lente para destruirlo con una palanca de hierro, rompiendo el equipo para después alejarse rápidamente del lugar”, sostuvo Castellanos y agregó que los daños bordean los $ 100.000.
El acuerdo se firmó el lunes 26, fue notarizado, pero Oñate indicó que junto con su abogado (Javier Altamirano) espera hoy acudir a la Fiscalía. “Para dejar constancia del escrito para que todo se termine y se quede ahí, en eso quedamos, que ya no se siga eso (juicio), por eso yo firmé el acuerdo”, comentó y reconoció que los jóvenes “merecían una lección, pero no ser tratados como delincuentes”.
Agregó que los sancionados podrían colaborar con campañas municipales de índole vial y que tuvo que aceptar la penalidad para evitar un mal mayor. “Caso contrario los jóvenes iban a ir presos porque me dijeron que eran daños a la propiedad privada que brinda servicio público, que era de tres a seis años (de prisión) y eso no quiero porque no son delincuentes ni vándalos como les llamaban”, finalizó la mujer. (I)
