Un contrato adjudicado por $ 10 millones ha desatado una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias que involucra a ejecutivos de la Empresa Pública municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (Etapa).

Tras una audiencia de formulación de cargos realizada el lunes, un juez de la Unidad Penal de Cuenca ordenó la prisión preventiva del gerente general de Etapa, Iván P., y dispuso la prohibición de salir del país y enajenar bienes a otras cuatro personas, entre ellas, dos funcionarios.

El gerente general de Etapa fue detenido la noche del lunes en Guayaquil, cuando pretendía tomar un vuelo hacia Miami, Estados Unidos.

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La investigación por este supuesto tráfico de influencias, que se castiga con 3 a 5 años de prisión, habría iniciado cuando proveedores advirtieron sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, que aparentemente favorecían a parientes de ejecutivos de Etapa.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) presentó una denuncia, que es investigada por la Fiscalía. En un comunicado, el Sercop indicó que “la evidencia presentada fue contundente, ya que en el proceso de adjudicación de la construcción de la ampliación de la Planta Potabilizadora de Agua de Tixán, por $ 10 millones, se favoreció al tío y al sobrino del gerente de Agua Potable y Saneamiento de Etapa”.

Santiago Vásquez, director general del Sercop, aseguró que los actos denunciados violaron los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que prohíben a los funcionarios públicos la adjudicación de contratos a familiares.

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“La autoridad subrogaba su cargo para no aparecer como familiar directo de quienes iban a ser contratados”, aseveró Vásquez.

A Carlos F., gerente de la Empresa de Agua Potable y Jason E., subgerente de Infraestructura, se les dictó medidas sustitutivas y deberán presentarse ante las autoridades cada 15 días. Ellos tienen prohibición de salida del país y de enajenar sus bienes. Mientras, Iván P. permanecerá privado de su libertad durante 90 días mientras se realizan las investigaciones.

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Detenido

Horas antes de la detención, el gerente de Etapa defendió su inocencia a través de un comunicado, en el que dijo que su trayectoria ha sido intachable y honesta.

Trascendió que Jorge F. e Iván F., familiares de Carlos F., a los que supuestamente se favoreció con la adjudicación, tienen prohibición de salida del país y de enajenar sus bienes.

Ante estos hechos, Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, aseguró que continuará disponiendo todas las acciones y cooperación institucional para que se lleve adelante esta investigación y se procure la verdad. No obstante, el personero municipal aclaró que el proceso está en etapa de instrucción y no se ha declarado ningún perjuicio económico de la ciudad ni culpabilidad alguna.

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Etapa EP también emitió un pronunciamiento para indicar que cuenta con fundamentos para la defensa jurídica, “frente a la infundada denuncia presentada por el director de Sercop”.

Juan Carlos Salazar, abogado de los funcionarios de Etapa, consideró que no hay delito en este proceso. “Fiscalía dice que los funcionarios por omisión han llegado en un momento a influir en una decisión, yo me pregunto cómo a través de una omisión se puede influir en una omisión... La tesis de la Fiscalía en nuestro entendimiento y estructura es completamente errada”, dijo. (I)