Dos autoridades de control cesadas, cuatro en proceso de evaluación y blindados por un ‘Mandato de evaluación’ concebido como norma constitucional. Así llegó a su primer mes en funciones el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio.

La primera sesión del organismo se desarrolló el 6 de marzo pasado, una vez publicados en el Registro Oficial los resultados de la consulta popular del 4 de febrero, que transformó a este organismo en transitorio, con la potestad de evaluar y cesar en funciones a autoridades estatales.

Aunque a Carlos Ochoa no lo evaluaron, lo destituyeron siete meses antes de que concluya su periodo en la Superintendencia de Comunicación (Supercom), por los resultados de un examen especial realizado por la Contraloría a los manejos del canal incautado Gamavisión.

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Y el 4 de abril anterior cesó al superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, exministro de Rafael Correa y exconsejero de Lenín Moreno, porque se posesionó en el cargo 235 días después de su designación, pese a que la Ley de Servicio Público establece 15 días.

El 28 de marzo aprobaron el mandato de evaluación con el que activaron los diagnósticos a los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE), al fiscal general Carlos Baca y al superintendente de Bancos, Christian Cruz, quienes tienen siete días para presentar sus informes de gestión y la ciudadanía cinco para presentar denuncias en su contra.

El consejero Xavier Zavala aclara que todas las autoridades electas por el Consejo anterior (18) serán evaluadas y de ser el caso cesadas, pues ese fue el pronunciamiento popular. Además, “la entidad nunca puede ser cesada, sino los funcionarios”, y “el hecho de que los anteriores hayan sido cesados no significa que se refiere a este Consejo, y no al anterior, se refiere a todos (los elegidos), y no a la entidad”.

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Vea también: Comisiones de selección del Consejo transitorio emanarán de banco de elegibles

Resalta que este primer mes “ha sido bastante productivo” y ya están afinando el reglamento para elegir a los reemplazos de quienes sean cesados. Para acortar plazos y costos se prevé estructurar bancos de elegibles que integren las veedurías y comisiones ciudadanas de selección de esas autoridades.

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El vocal Pablo Dávila cree que se ha cumplido con las tareas y con los “mecanismos de evaluación y toma de decisiones que es lo que el país espera”. Pero reconoce que al tener seis meses para evaluar no podrán esperar la presencia de un equipo de la Organización de Naciones Unidas que los asista en la aplicación de los parámetros, como era su deseo. “Si en el camino logramos una participación adicional, seguiremos cumpliendo el mandato”.

En el pleno han recibido a trece representantes de la sociedad civil para expresar sus inquietudes y respaldarlos en su trabajo.

Pero surgió una voz crítica, como la de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que en un comunicado señala que el Consejo estaría “arrogándose funciones” y que sus subindicadores de evaluación permiten la “discrecionalidad”.

Se “determinan criterios extremadamente subjetivos que no garantizan que el proceso se realice de manera independiente”, se expresa.

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Renovación de CNE
Xavier Zavala estima que en noviembre próximo esté renovado el Consejo Nacional Electoral, pues cuatro de sus vocales cumplen funciones prorrogadas. “Antes del concurso se los evaluará. Pero no necesitamos esperar un posible cese, y podríamos empezar el concurso”, dijo. Falta aprobar norma de elección.

Equipos para evaluar
Para la evaluación de las 18 autoridades de control del Estado, el CPC de transición integró equipos técnicos de entre tres y cinco personas, que se encargarán de observar el cumplimiento de los parámetros en los informes de gestión que presenten, y las denuncias que haga la ciudadanía.

6 meses tiene el CPC transitorio para evaluar autoridades. (I)