Madre de David Romo contabiliza cinco años de 'medias verdades'

Alexandra Córdova llamó al Blackberry de su hijo a las 22:22 del 16 de mayo de 2013. Estaba preocupada. No sabía de él desde la mañana. Él se iba a la Universidad Central y ella, a sus actividades personales. David le contestó, le dijo que estaba en el Metrobús y que se dirigía a casa, en el norte de Quito. No llegó. Volvió a llamarlo, no contestó.

“Desde entonces, no he sabido nada de él”, dice ella en el relato que consta en su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado.

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En agosto del 2017, transcurridos más de cuatro años de la desaparición, Alexandra envió su denuncia y alegó que agotó toda instancia nacional para que se resuelva el caso y que fue víctima de una investigación negligente por parte de la Fiscalía y del sistema judicial.

Allí solicita, entre otros asuntos, que la Comisión “concluya y declare que el Ecuador es internacionalmente responsable” por la violación de artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Cinco meses después, desde Washington, la CIDH informó formalmente que la denuncia fue registrada e ingresada para análisis preliminar.

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La hipótesis de la Fiscalía es que David fue “capturado” por tres personas que lo llevaron a un centro de tratamiento para adictos, donde habría sido asesinado y luego su cuerpo, incinerado. El mes pasado, el juez Telmo Molina dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Carlos L., Blanca F., José L., Jonathan R., Roberto E. y Mauro C., por su posible participación en el presunto asesinato. Los cuatro primeros están detenidos y el quinto, prófugo.

Diego Chimbo, abogado de los dueños de la clínica, evitó dar una versión a este Diario.

Alexandra considera que hay varias inconsistencias y omisiones, como la recepción de testimonios contradictorios o la falta de una pericia completa de su llamada de las 22:22, lo que permitiría cotejar los tiempos de las versiones. También lamenta la reserva que pesó sobre la investigación entre mayo del 2015 y septiembre del 2017, lo que la dejó fuera de cualquier pista.

Lo expresado por José Serrano a Canal Uno, en enero del 2017, cuando era candidato a asambleísta, refuerza la denuncia de Alexandra ante la CIDH. En esa ocasión, quien había sido ministro del Interior hasta noviembre del 2016 reconoció que en este caso había “una demora injustificada”, por lo que lo asumía como una deuda.

“En el caso específico de David Romo, yo creo que se cometieron algunos errores y eso tiene que investigarlo la propia Fiscalía y la propia institución policial”, señaló entonces.

En marzo, Serrano se lo repitió en versión libre y voluntaria ante la Fiscalía. “... en una estructura institucional en la cual ni en el sistema judicial ni en el sistema policial existía una especialización para dar atención a las personas desaparecidas siempre van a existir errores que se pueden cometer”.

¿Puedo creer en una investigación así?, fustiga ella y cita:. Son demasiadas cosas en el aire, muchas medias verdades. (I)