Alberto Acosta Espinosa fue el primer presidente de la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de Montecristi. Por diferencias con Rafael Correa, se alejó del Gobierno y de Alianza PAIS. Se convirtió en uno de sus mayores críticos.

¿Cómo evalúa los 10 años de vigencia de la Constitución?

Como una propuesta de un alcance civilizatorio, que incluyó temas como el buen vivir, la ciudadanía universal o los derechos de la naturaleza, pero que sufrió un vaciamiento por parte del Gobierno anterior, lo que impidió su vigencia real.

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¿Una Constitución retórica?

Es una Constitución traicionada. Correa la usó como instrumento de poder y de propaganda. Sus principios solo le sirvieron para cosechar aplausos afuera del país, pero una vez aprobada, el primero en violarla fue él, al cooptar la Corte Constitucional de Transición.

¿Al “árbitro”?

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A partir de ese momento, el “árbitro” se convirtió en caja de resonancia de un equipo que empieza a imponer y a cambiar las reglas. En mayo de 2011, con la consulta popular, metió las manos en la justicia. Puso el tema de los toros, de los casinos..., y la gente se dejó atrapar por la propaganda. Eso fue posible por la Corte Constitucional, que ya era sumisa. Lo mismo en 2015. cuando se determinó que la comunicación era un ‘servicio público’, ¡una estupidez propia de un gobierno totalitario!

¿Se confiaron de que no se necesitaría un contrapeso?

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Cuando planteamos la quinta función, la de Transparencia y Control Social, teníamos una muy buena intención, pero no funcionó porque Correa no lo permitió. Quizás ahí fue una novelería... Ahora, reconozco que hay cosas por mejorar.

¿Correa fue más fuerte que las buenas intenciones y la propia Constitución?

Habría hecho lo mismo con cualquier constitución. No hay que olvidar que apenas conformado el Consejo de Participación de Transición también fue cooptado. A través de ese mecanismo y de la elección popular, controló todas las funciones del Estado.

Ahora se plantea eliminar el Consejo de Participación.

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No debe desaparecer la función, porque eso requeriría una Asamblea Constituyente. Y tampoco, el Consejo. Se podrían cambiar sus funciones: la designación de funcionarios debería pasar a la Asamblea y mantener las de participación, de lucha anticorrupción... La participación debe ser libre, espontánea, en las calles, en las plazas, en los medios. No podemos encasillarla ni institucionalizarla.

¿Y ustedes no la institucionalizaron?

La ciudadanía y la participación empezaron a enfriarse. Luego vino la represión y el miedo... Por eso digo: ya no nos preocupemos por recuperar el Consejo de Participación tal como estaba.

En varios sectores existe la sensación de que vuelve la ‘partidocracia’.

Sé que hay un riesgo, una suerte de retorno a las viejas prácticas de la partidocracia, pero si me ponen a escoger entre la lógica de un caudillo y la de un legislativo dividido y partidocrático... me quedo con lo partidocrático. Ni siquiera me preocupa el correísmo, sino la posibilidad de un régimen caudillista.

¿Cree que se debe salvar la Constitución actual?

No trato de salvarla, sino de que se logre la mayor participación y que las instancias de control no se sometan a componendas ni a un caudillo. Con una Asamblea Constituyente no vamos a resolver nada. ¿Para qué otra Constitución?, ¿una nueva ilusión o una nueva frustración? Una Asamblea no resuelve nada. Además, esta es la única aprobada por el pueblo. El reto es cómo recuperar sus principios. (I)