La elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) este 24 de marzo podría suspenderse solo si la Corte Constitucional (CC) dicta medidas cautelares atendiendo una demanda por omisión de inconstitucionalidad relativa presentada el viernes pasado.

La CC analiza desde ayer este recurso impulsado por Juan Carlos Benalcázar, representado por sus abogados Rafael Oyarte e Ismael Quintana. En un comunicado oficial se informó que los jueces se pronunciarán con “celeridad y la coyuntura demandan”, pues restan doce días para que se realicen los comicios, que se harán junto a las de autoridades seccionales este 24 de marzo.

El demandante pide que se declare la omisión inconstitucional relativa de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que se convocó a elegir a los vocales de Participación Ciudadana, pues “no se propiciaron” debates para promocionar a los candidatos y sus propuestas.

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También que se declare la omisión inconstitucional en contra de la Asamblea Nacional porque no impulsó una reforma legal sobre la existencia del Consejo, o de eliminarle su facultad nominadora de autoridades. El argumento es que existen sondeos de opinión en los que un 54% querría que se eliminara la entidad.

Por ello, la propuesta, explicó Quintana, es que la Corte resuelva que esta elección no se efectúe, mientras el Legislativo no tramite un proyecto de reforma parcial de la Constitución, y se someta a referéndum. Luego que se elija al CPC si no se aprueba la propuesta legislativa; o si se quiere un Consejo sin facultades nominadoras.

Benalcázar pidió que se suspenda la aplicación del artículo 16 del Código de la Democracia, que determina que ninguna autoridad puede interferir en los procesos electorales.

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En este caso, según el constitucionalista Stalin Raza, los jueces de la CC no pueden ser destituidos por el CNE, porque están “protegidos” por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que establece que no pueden ser destituidos por sus sentencias, sino por delitos o actos concretos.

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Pero “la elección no debe suspenderse. Lo correcto es que se tramite el recurso y si encuentra que hubo omisiones disponga que en futuras elecciones haya debates”.

El exjuez de la CC Gastón Gagliardo consideró que es “improcedente” el recurso; y advirtió que los jueces podrían ser destituidos porque hay ciertas garantías jurisdiccionales que no pueden aplicarse. “Podría llegar a eso, si se entorpecen las elecciones”. 

Mientras tanto, Hernán Ulloa, candidato al CPC, presentó ayer en la delegación de la Corte Constitucional en Guayaquil, un amicus curiae (amigo del tribunal) para ser considerado en la demanda de Juan Carlos Benalcázar. “He venido a defender el proceso electoral, a defender la institución”, sostuvo Ulloa, quien criticó que esta acción se presente a pocos días de las elecciones cuando ya se han gastado más de $ 100 millones. (I)