Unos 80 exagentes de seguridad penitenciaria proponen ser reintegrados a sus puestos de trabajo de los cuales salieron por terminación unilateral de contratos o por renuncias voluntarias.
Aseguran ser parte de un grupo de unos 800 exagentes que salieron de los centros de Rehabilitación Social desde el año 2012.
La propuesta, según sus dirigentes, busca colaborar para combatir los hechos irregulares que suceden en las cárceles.
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Alex Gavilánez, uno de los dirigentes de los extrabajadores, aseguró que podrían ayudar a mitigar las necesidad urgente del sistema penitenciario. Su principal ventaja, indicó, es que tienen la experiencia del caso además de contar con la capacitación necesaria. Cuentan con título de tercer nivel.
Afirmó que uno de los problemas que se registran en las cárceles es la pérdida de la cadena de mando pues cuando ingresan directores administrativos ellos carecen de los conocimientos adecuados en seguridad interna.
Gavilánez y sus compañeros también denunciaron falta de dotación, eliminación de la cadena de mando, falta de alimentación, entre otras cosas.
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El pedido de reintegro a sus trabajos fue recibido -este lunes 27 de mayo- por autoridades del sistema penitenciario.
Abrirán vacantes
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Julio Ballesteros, subdirector de Rehabilitación Social, respondió que en unos 20 a 30 días tendrán listas las bases para convocar a un concurso público de merecimientos y oposición para llenar unas 500 vacantes nuevas. Aclaró que no se pueden hacer contrataciones directas. Además de que tampoco existe un banco de elegibles ni se ha hecho un reemplazo a quienes han salido. Actualmente hay unos 1.500 guías. A finales de 2019, unos 500 nuevos guías se integrarían al sistema penitenciario.
Ballesteros agregó que quienes fueron agentes de seguridad penitenciaria tendrán puntos de acuerdo a su experiencia y a los parámetros de calificación que se establezcan.
De su parte, Vicente Navarrete, subdirector de Seguridad Penitenciaria, dijo que se va a institucionalizar la carrera de agente penitenciario. Acotó que habrá escala de grados para el manejo de la disciplina.
Este planteamiento se lo da a conocer en el marco de un decreto de estado de excepción que rige desde el pasado 16 de mayo para los centros de Rehabilitación Social. Incluye la intervención de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. (I)
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