A inicios de marzo, antes que se desaten las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19, dos jóvenes del cantón azuayo Gualaceo fueron identificados tras ahogarse en el río Bravo, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos.

Desde la organización 1-800 Migrante se confirmó el deceso de Luis Gerardo Lojano y Diego Armando Juela, oriundos de la comunidad Patul Alto y la parroquia San Juan, respectivamente.

Luis Gerardo, de 33 años, y Diego Armando, de 27, no planificaron su viaje juntos, pero se encontraron en el camino, y tenían en común varias razones para iniciar el arriesgado viaje: falta de trabajo, oportunidades de salir adelante y buscar un mejor futuro económico para sus familias, según consta en el comunicado.

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Las familias de los migrantes azuayos están desesperadas porque no han podido repatriar sus restos mortales. Esto debido al cierre global de las fronteras provocado por la llegada de la pandemia mundial del COVID-19. Han intentado hacerlo por sus propios medios, pero las gestiones legales y administrativas les han impedido. Además solicitaron que las autoridades ecuatorianas que tomen un papel activo para repatriar los cuerpos.

Otra de las posibles víctimas fue identificada como Miguel Guzmán de 22 años, nacido en la parroquia Simón Bolívar, también del cantón Gualaceo. Desde Estados Unidos Ángel, su hermano, contó que “la Cancillería nos ha dicho que posiblemente sea mi hermano pero que hay que hacerle pruebas de ADN y que toman entre ocho meses y año. No podemos esperar tanto tiempo para conocer la verdad, es demasiado sufrimiento”.

De su lado William Murillo, vocero de 1-800 Migrante, acotó que frente a la difícil situación económica del Ecuador podríamos tener una nueva ola migratoria hacia EE.UU. y consecuentemente un aumento de víctimas mortales y desapariciones. (I)