Alcaldes anuncian movilización para el 15 de julio en reclamo de recursos presupuestarios

Los 221 municipios preparan una movilización el próximo 15 de julio para reclamar el gobierno el pago de $900 millones que adeuda a este sector por devolución del IVA, modelo de equidad territorial, competencia de patrimonio y circunscripción amazónica.

Lo anunció el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado, ante la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Nacional, donde dijo que llevan cuatro meses impagos, lo cual no permite salir con la planificación normal establecida. Que es insostenible la situación económica, muchos municipios ya no saben como enfrentar la situación laboral, porque no hay pagos a los trabajadores.

Que muchos de los municipios tuvieron que redireccionar la planificación para poder enfrentar la pandemia y adquirir víveres, mascarillas y productos sanitarios, asumiendo competencias que no correspondía; y a esto se suma la observación de la Contraloría General del Estado por hacer cosas que no corresponden a los municipios como enfrentar la emergencia sanitaria, que es una competencia del gobierno central.

Delgado relató que toda la deuda de los municipios asciende a $980 millones; distribuidos de la siguientes manera: $542 millones por la Ley de Equidad Territorial; $300 millones por la devolución del IVA; $18.9 millones por la competencia de patrimonio; $98 millones por la Ley Amazónica. Que en la última semana se ha transferido desde el gobierno central $83 millones; pero que esperan reunirse únicamente con el Presidente de la República para dar a conocer la crítica situación que atraviesan los municipios y las posibles salidas.

Dijo que semana atrás el ministro de Economía, Richard Martínez, se comprometió en la Comisión de Gobiernos Autónomos a transferir los recursos hasta el 15 de junio, pero que se ha realizado una entrega parcial de $83 millones corresponde al mes de abril.

Además señaló que se ha realizado un recorte de $30 millones mensuales a los municipios, que al año significará una reducción presupuestaria de $360 millones.

Frente a ello, Raúl Delgado, anunció que están preparando una marcha de los 221 alcaldes sea a Quito o Guayaquil a pedir al gobierno a sentarse en una mesa y buscar los mecanismos de pago. De no haber esa apertura al diálogo directo con el Primer Mandatario, el dirigente de la AME, indicó que a partir del día 16 de julio se suspenderán ciertos servicios por falta de recursos.

De su lado, el presidente del Consocio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), Pablo Jurado, manifestó que se debe optar por el camino de diálogo antes de una marcha para la reclamar los recursos que corresponden a los GADs, provinciales, municipales y parroquiales.

Reveló que el gobierno adeuda a los Consejos Provinciales $599 millones, y que el gobierno en la última semana apenas desembolsó $30 millones, lo cual significa el 73% de la cuota del mes de marco por concepto del modelo de equidad territorial.

Reclamó que si bien los Consejos Provinciales saben que no hay recursos en la caja fiscal, pero por lo menos, los recursos por equidad territorial deben estar al día; pues reveló que hay casos de gobiernos provinciales que en el mes de mayo solo pagaron un porcentaje de remuneraciones.

Jurado consideró que no es adecuado por el momento ver a 221 alcaldes, 23 prefectos y 820 presidentes de Juntas Parroquiales caminando, cuando los prefectos y alcaldes son autoridades en los COE provincial y cantonal, y se pide a la gente distanciamiento y que no generen aglomeraciones. En vez de hacer un bien, el efecto podría ser negativo, apuntó.

Dijo que está de acuerdo en generar un espacio para hablar con el Primer Mandatario y hacer uso de la facultad jurídica para vía legal reclamar los recursos que corresponden.

La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó una resolución donde los legisladores respaldan la movilización de los municipios para exigir el pago puntual de los recursos; se presente una acción judicial para exista el pago a los GADs; y además, exigir al Consejo de Administración Legislativa (CAL), califique el juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. (I)