El prefecto del Azuay, Yaku Pérez, presentó, un nuevo pedido para realizar una Consulta Popular en el tema minero. A las 10:20 acudió a la Corte Constitucional en Quito, para realizar el pedido de dictamen. Es el tercer intento del prefecto Pérez, ahora precandidato presidencial de Pachakutik, de presentar una demanda de este tipo.

De acuerdo con la Prefectura del Azuay, Pérez mencionó que con este petitorio se busca un dictamen previo de constitucionalidad que permita una Consulta Popular para proteger, preservar y salvar el agua de los cuencanos.

Dijo que esta acción se enmarca en el Art. 104 de la Constitución de la República del Ecuador, que faculta a los ciudadanos con el 10% de firmas, pedir a la Corte Constitucional y luego al Consejo Nacional Electoral convoque a Consulta Popular

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La pregunta dice:”¿Está usted de acuerdo con la prohibición sin excepción, de actividades de minería metálica, artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora de los ríos Irquis y Yanuncay, ubicada en el cantón Cuenca, provincia del Azuay?”

Según el prefecto Pérez, la pregunta es simple y no tiene reparo alguno, por lo que espera que en esta ocasión la Corte Constitucional, como ente garante de los derechos constitucionales, permita que soberanamente los cuencanos puedan decidir sobre la extracción minera en estos dos ríos.

“No hay herramienta más legítima que una Consulta Popular, en un proceso democrático. Para que nos dé a un ministro o un presidente quien decida el futuro de una población; mejor que sean los cuencanos los que se pronuncien sobre la actividad minera en estas zonas extremadamente frágiles”, sostuvo Yaku Pérez.

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Si avanza la minería se envenenaría el agua que brota en las cabeceras de ríos, vendría el despojo de los territorios, la violencia en las comunidades, la corrupción institucionalizada y se volverían un desierto los lugares destinados a la agricultura y soberanía alimentaria, aguas abajo de la mina.

En febrero pasado, con seis votos a favor, la misma Corte negó su pedido bajo el argumento de que no cumplía “con los parámetros de control formal y material previstos en la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales".

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En septiembre del 2019, la Corte ya le había negado una primera propuesta de consulta relacionada con la actividad minera que proponía a la ciudadanía decidir si se quiere o no prohibir la explotación de estos recursos.