Un grupo de militantes de la Izquierda Democrática (ID), impugnó la convocatoria a la quinta convención nacional de la agrupación política donde se eligió a Guillermo Herrera como presidente nacional del partido como paso previo a designar candidaturas para el proceso electoral de 2021.

Esteban Rubio, militante de esa agrupación, reveló que el proceso de impugnación a la convocatoria a la convención la presentó Hugo Rodríguez, presidente provincial de la ID de Santa Elena, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por lo tanto, esa acción impide que Herrera empiece a operar como dirigente nacional.

Rubio en rueda de presa dijo pertenecer a un grupo de militantes socialdemócratas no corruptos, y que por ello, impugnaron a lo que él llama una ilegal e ilegítima elección de la directiva nacional realizada el pasado 8 de agosto. En ese grupo dijo que también están Jorge Sánchez, dirigente en la provincia de El Oro; Carlos Ayora, presidente provincial de la ID en Guayas; así como militantes en Pichincha como Roberto Altamirano, Marco Morillo, Alfredo Vera y Rene Maugé.

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En la impugnación se hace notar que para la convención nacional de la ID del pasado 8 de agosto, se aprobó un instructivo para las elecciones internas que según Rubio, modifica los estatutos de la Izquierda Democrática fundamentalmente en lo relacionado a los requisitos para ser candidato a la presidencia nacional del partido.

Para ello, el estatuto señala que para ser candidato a presidente nacional de la ID es necesario demostrar una militancia activa de cuatro años, pero en el instructivo aprobado durante la administración de Wilma Andrade, actual asambleísta nacional, se modificó esa parte de los requisitos y se señala que para ser candidato a presidente nacional del partido deberá estar afiliado al partido al momento de inscribir su candidatura.

Con ello, según Rubio, Andrade buscó beneficiar a Guillermo Herrera, quien no tiene los cuatro años de militancia; y además, cuestionó que el partido durante la convención nacional organizada por Andrade, en las provincias con mayor población como Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay, hayan tenido menos delegados.

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El militante expuso además una carta dirigida al Contralor del Estado solicitando un examen especial al manejo del Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Participación Electoral asignado a la Izquierda Democrática durante la administración de Wilma Andrade, actual asambleísta nacional por ese partido, y que según dijo se asignaron más de $2 millones.

Rubio, además manifestó que Wilma Andrade y su esposo Marco Morales, le deben una explicación a la militancia de la Izquierda Democrática sobre los beneficios obtenidos al contar con un carné de discapacidad que le ha permitido la importación de un vehículo de alta gama, pues cuestionó que cómo es posible que personas con deficiencias auditivas y visuales obtengan una calificación superior de discapacidad. (I)