Según la Fiscalía del Guayas, José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), era uno de los líderes de la banda que ofertaba cargos públicos y contratos a cambio de sumas de dinero, comprendidas entre $5000 y $500 000.
El cura fue sentenciado este lunes a cinco años de prisión por el delito de asociación ilícita.
La sentencia fue dictada por un tribunal en la Unidad Judicial 2 (Albán Borja), luego de que la audiencia de juzgamiento se suspendiera al menos en tres ocasiones.
Publicidad
Su abogada, Teresa Rivas, se mostró molesta a la salida de la sala, insistió en la inocencia de su cliente y aseguró que apelaría la sentencia pues, según ella, no habían pruebas suficientes para declararlo culpable.
Con Tuárez ya son 13 los sentenciados, pues 12 de los involucrados se acogieron al procedimiento abreviado (se declararon culpables), entre ellos está Renata Jalkh, la hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura.
Los 12 que confesaron fueron sentenciados a un año de cárcel y multas de cuatro salarios básicos unificados (1600 dólares), impedimento de postularse para cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado
Publicidad
En total fueron 33 los detenidos en noviembre pasado a nivel nacional en un operativo denominado Emperador.
Tras meses de investigaciones, 17 de los sospechosos fueron absueltos, pues no se encontraron suficientes pruebas para llevarlos a juicio, 12 se declararon culpables y a cuatro, entre ellos a Tuárez, se los llevó a juicio, pues insistían en su inocencia.
A los otros tres procesados aún no se les emite sentencia. La situación legal de ellos: Jorge R. A., Silvia C. G. y Marco C. S., se resolverá en una próxima audiencia (fecha aún no se ha determinado), pues sus abogados presentaron certificados médicos por síntomas relacionados con el coronavirus.
Publicidad
En las audiencias de juzgamiento, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez, expuso pruebas documentales y testimonios, entre estos, de los agentes aprehensores e investigadores, peritos que intervinieron en la investigación, e incluso de un exviceministro que aseguró que le habrían pedido que pagara 200 000 dólares, pues los sospechosos le decían que gracias a su gestión él había llegado al cargo.
Otro exfuncionario relató frente al tribunal que accedió a un nombramiento en el Ministerio de Salud, pagando por ello la suma de medio millón de dólares; otro dijo que pagó 50 000 dólares para trabajar, supuestamente, en el CPCCS, en Quito.
Entre las pruebas documentales se incluyeron: audio y video de los teléfonos de los procesados y del denunciante (junto a su versión); el informe investigativo y de inspección ocular técnica, el testimonio anticipado de presuntos perjudicados y las certificaciones laborales del procesado José Carlos T. Z.
Además de la explotación y extracción de información de los teléfonos celulares, el fiscal en su intervención citó las fechas en que se reunieron los integrantes de esta presunta agrupación delictiva, en Quito y Guayaquil.
Publicidad
Según las investigaciones, en estas reuniones participaban otros miembros de esta organización, liderada presuntamente por José Carlos T. Z., quien –junto con la ya sentenciada Renata Jalkh, acordaba los puestos a ofertar e indicaba los valores que deberían cancelar por ellos, además de la adjudicación de contratos con instituciones públicas, para lo cual presuntamente solicitaban porcentajes de los montos de contratación.
De acuerdo al fiscal, José Carlos Tuárez era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.
Los jueces del tribunal este lunes no solo sentenciaron a cinco años a Tuárez, además le impusieron una multa económica y emitir disculpas públicas, cuyo procedimiento se determinará en la resolución escrita. (I)
