El decreto 1158, emitido el jueves pasado por el presidente de la República, Lenín Moreno, generará un alivio fiscal al permitir que el sector privado importe libremente combustibles (actuales y nuevos), y que el Estado no tenga que hacerlo. Además, en 60 días estaría listo un nuevo decreto con las tarifas para que el sector importador privado arriende las instalaciones de Petroecuador para concretar la importación.

Así lo explicó ayer el ministro de Energía, René Ortiz, en el Salón Azul de Carondelet. Desde ahí, varias autoridades se tomaron un tiempo para aclarar que el decreto no altera precios actuales de las gasolinas, el diésel ni el GLP.

Incluso, María Caridad Vela, secretaria de Comunicación, explicó que todas las intendencias del país se estaban activando para evitar cualquier tipo de especulación, luego de que, aparentemente, algunos medios de comunicación habían hecho una “mala interpretación del decreto”.
El ministro Ortiz dijo que el alivio fiscal se dará en la misma proporción en la que la empresa privada decida actuar. También comentó que las tarifas serán para uso de puertos, muelles, terminales marítimos, terminales terrestres.

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Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), dijo que este nuevo decreto es un complemento del 1054 de mayo pasado, en el cual se establecía el sistema de bandas.
Para el dirigente, la diferencia es que se amplía a más combustibles del área industrial y marítima, como por ejemplo el gas natural.

Dijo que aún queda por aclarar a qué actores de comercialización se refiere el decreto. Esto porque antes se entendía que eran las comercializadoras, la abastecedora y los distribuidores. Pero ahora el universo se amplía.
Comentó que la importación de gasolinas y diésel no se podría dar hasta que los precios dejen de estar subsidiados. (I)