Los jueces y fiscales están en constante riesgo por su papel en las investigaciones judiciales que impulsan o conocen.

Ese riesgo está latente con amenazas de bomba en edificios judiciales o mensajes intimidatorios que les llega en mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos o a través de colaboradores que son abordados de camino a los despachos.

Esta última modalidad fue usada para enviar una amenaza al juez que conoce un proceso judicial en el que está involucrado Jacobo Bucaram Pulley, acusado de delincuencia organizada por supuestas irregularidades en la venta de insumos médicos a instituciones públicas. Tres sujetos extranjeros abordaron al secretario del funcionario y le dijeron que si el juez no cambia la medida cautelar a Bucaram Pulley se tendrá que "atener a las consecuencias", informó la Fiscalía el 28 de septiembre pasado.

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Protocolo de seguridad

Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía anunciaron que se activó el protocolo de seguridad para el juez.

¿Cómo se puede solicitar el protocolo de seguridad y en qué consiste?

Según la página web del Ministerio de Gobierno, entidad a cargo de la Policía Nacional, el operador de justicia amenazado debe llenar un formulario que está colgado en la página web del CJ o de la Fiscalía y enviarlo a los correos electrónicos correspondientes: seguridad.jueces@funcionjudicial.gob.ec o seguridad.fiscales@fiscalia.gob.ec.

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-El Consejo de la Judicatura, en un período máximo de 24 horas, enviará el pedido al Ministerio del Gobierno.

-En las próximas 24 horas, el Ministerio del Gobierno proporcionará seguridad provisional para el funcionario y sus familiares.

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-En un máximo de ocho días se entregará un análisis de riesgo con el objetivo de brindar la seguridad específica al funcionario. (I)