Paúl Granda, primer alto funcionario citado en caso ligado a hermanos Bucaram y Salcedo

La fiscal Claudia Romero, quien investiga dos casos de corrupción en los hospitales públicos de Guayaquil, solicitó el jueves una audiencia para vincular a Paúl Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a la investigación de supuesta delincuencia organizada en la venta de insumos médicos en hospitales del IESS.

En este caso también se investiga a Jacobo, Dalo y Michel Bucaram Pulley y los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla.

La Fiscalía también solicitará la vinculación de Paola M., la exgerenta del hospital del IESS Los Ceibos, quien ya está detenida por presunto peculado desde mayo pasado.

Horas después de que la Fiscalía publicara la novedad, en su cuenta de Twitter, Paúl Granda reaccionó por la misma vía: “No he tenido ni tengo ninguna relación con los inculpados en adquisiciones de los hospitales de Guayaquil”.

El nombre del expresidente del directorio del Seguro Social aparecía en varias ocasiones en la bitácora del edificio Torres Colón, en la ciudad de Guayaquil. Ahí Daniel Salcedo Bonilla había alquilado la suite 8-7, donde supuestamente se reunían empresarios y altos funcionarios del Gobierno para concretar las adjudicaciones de millonarios contratos.

En la bitácora que fue decomisada por la Fiscalía también se habría registrado el ingreso de Jorge San Lucas, el contador de Daniel Salcedo, y de Estéfano Adum y Javier Jordán, dos supuestos empresarios que estarían en Miami.

César Litardo, presidente de la Asamblea, también fue convocado para dar su versión en este caso hace dos semanas, pues supuestamente también habría visitado esta famosa suite; sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no precisa si va a ser vinculado o no a este caso, cuyos cargos fueron reformulados esta semana.

El tipo penal de la investigación pasó de asociación ilícita, que es penada con cárcel de 3 a 5 años, a delincuencia organizada, delito castigado con prisión de 5 a 7 años.

Además, se amplió 30 días más la instrucción fiscal que se inició en julio, es decir, la fiscal Romero tiene 50 días más para recopilar las pruebas contra las quince personas que son investigadas, entre funcionarios y empresarios.

Romero dijo que solicitó el cambio del delito porque descubrió cómo estaría estructurada la organización que supuestamente favorecía a grupos y empresarios a través de millonarios convenios de pagos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, ambos del IESS. Detalló que los convenios iban de los 200.000 hasta un millón de dólares.
Un conveniente robo

Otro departamento donde supuestamente se realizaban estas reuniones está ubicado en el edifico Quo, en la avenida José Orrantia, en el norte de Guayaquil. Ahí el 1 de julio se produjo un sospechoso robo de las bitácoras y de parte del sistema de videovigilancia.

El robo se dio horas antes de que llegara la fiscal Claudia Romero a allanar el departamento y a buscar los nombres de quienes accedieron a esta oficina.

Ese día se notificó que desconocidos con supuestos trajes policiales fingieron un operativo y se robaron computadoras, impresoras y las bitácoras donde se registraba el ingreso y salida por el garaje. (I)