Asamblea Nacional entra a debatir cuatro nuevos tipos penales para combatir la corrupción en la contratación pública

El pleno de la Asamblea Nacional debatirá mañana sábado cuatro nuevos tipos penales que se incorporarán al Código Orgánico Integral Penal (COIP) como herramientas para combatir la corrupción en la contratación pública. Son los delitos de elusión de los procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado y obstrucción a la justicia.

Según la propuestas, para esos delitos se aplicará la máxima pena cuando se cometan en medio de una declaratoria de emergencia.

Este paquete de reformas al COIP, para sancionar la corrupción en el manejo de los fondos públicos, forma parte de los compromisos a los que llegó el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar un nuevo desembolso de $ 2.000 millones en diciembre.

El presidente de la Legislatura, César Litardo (AP), convocó al pleno este 28 de noviembre a las 14:00, donde incluyó el trámite en primer debate de este proyecto de reformas al COIP, que unifica otros siete presentados sobre esta materia; de ellos, dos fueron propuestos por el Ejecutivo y cinco por los asambleístas.

El presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano (AP), comentó que no por un requerimiento de un organismo internacional el Ecuador tiene que hacer sus reformas para cumplir un requisito, pues lo importante es que estas deben englobar aspectos en los que hay vacíos penales en la lucha contra la corrupción.

Héctor Muñoz (IND), miembro de la Comisión de Justicia, dijo que a las reformas les faltan normas de carácter preventivo y que no deben enfocarse únicamente en el incremento de penas. Por ejemplo, añade, se deberían incorporar herramientas como el “compliance penal”, que son procedimientos y buenas prácticas preventivas para evitar infracciones en las empresas privadas.

Más allá de cumplir con lo que solicitan los organismos internacionales, es importante trabajar en normas que sean eficaces y sobre todo el tema preventivo, insistió.

En cuanto al nuevo tipo penal de elusión de procedimientos de contratación pública, se sancionará tanto al proveedor como al servidor público que eluda cualquiera de los procedimientos pertinentes para desarrollar procesos de contratación de modo arbitrario, con una pena privativa de libertad de tres meses a quince años y una multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria. A los sentenciados por este delito se les aplicará la inhabilitación para ejercer cargo público de por vida, y tampoco podrán acceder a un cargo en entidades financieras.

En el tipo penal de sobreprecios en contratación pública se sancionará a quienes realicen adquisiciones con evidente y comprobado sobreprecio, con pena privativa de libertad de cinco a siete años. También serán inhabilitados para ejercer cargo público de por vida e impedidos de cargos en entidades financieras.

Respecto del tipo penal de actos de corrupción en el sector privado, serán sancionados con cárcel de uno a tres años y multa de 300 a 1.000 salarios básicos unificados.

En el nuevo tipo penal sobre obstrucción de la justicia se sancionará a todo aquel que mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido, en procesos derivados de delitos en contra de la administración pública, impida la prestación de testimonio o la aportación de prueba, o induzca a una persona a prestar falso testimonio. En estos casos recibirá una sanción con pena privativa de libertad de tres a siete años.

En una entrevista de televisión, el nuevo ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, dijo que ha tenido contactos con Litardo para impulsar la aprobación del cuerpo legal y que aspira a que esto ocurra antes de la vacancia legislativa, que se inicia el 15 de diciembre. (I)