Las nuevas reformas anticorrupción que se aplicarán al Código Integral Penal (COIP) inhabilitan, de por vida, a contratar con el Estado a los sentenciados por hechos de corrupción más aún si los actos se cometen aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción.

También en el COIP se recoge lo aprobado en la consulta de 2018 sobre la inhabilidad para ejercer un cargo público o de elección popular.

Por unanimidad, la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano (AP), aprobó el informe para segundo debate de este proyecto que recoge siete iniciativas de legisladores y del Ejecutivo en materia anticorrupción en los procesos de contratación pública.

El proyecto, que entrará a debate en el pleno mañana, crea tres nuevos tipos penales para combatir la corrupción como los sobreprecios en contratación pública, corrupción en el sector privado y la obstrucción a la justicia.

También reforma cinco delitos vigentes como el peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias y oferta de realizar tráfico de influencias. En cada uno de estos delitos penales, según la reforma, se aplicará el máximo de la pena cuando sean cometidos aprovechándose de una emergencia y un estado de excepción.

Los sentenciados quedarán inhabilitados de por vida para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, cuando los delitos de corrupción se realicen aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción; cuando se realice con fondos o bienes destinados a programas de salud pública, alimentación, educación, vivienda o de la seguridad social; o cuando estuvieren relacionados directamente con áreas naturales protegidas, recursos naturales, sectores estratégicos o defensa nacional.

Uno de los aspectos que se incluyó es la recuperación por parte de la Contraloría General del Estado de la atribución para emitir informes previos para la contratación pública, incluidos aquellos contratos que se produzcan en emergencia y en un estado de excepción.

Según Serrano, no será una ley más, porque apunta a castigar a aquellos delitos como los que se cometieron durante la emergencia sanitaria. (I)