Aunque el Decreto Ejecutivo 1211 establece plazos de entre 45 y 120 días para la aplicación de la estrategia contra la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en Ecuador, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz asegura que todo quedaría esquematizado hasta antes de abril del 2021.

Muñoz considera que el hecho de que el actual periodo presidencial esté por terminar no impide que se tomen decisiones hasta el último día.

La vicepresidenta reconoce que si bien la continuidad dependerá de la "voluntad política" del próximo Gobierno a partir de mayo del 2021, esta es una propuesta que cuenta con la asesoría técnica de organismos internacionales y la participación de grupos de la sociedad civil que realizan un seguimiento de la iniciativa y buscarán que se mantenga.

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La Estrategia Nacional Ecuador crece sin desnutrición busca prevenir la DCI y reducir su prevalencia en niños de 0 a 2 años, sin excluir la población de hasta 5 años, y aplica un programa con el que Perú logró bajar 15 puntos de índices de DCI en diez años, añade Muñoz. La aplicación de la Estrategia incidiría en la vida de 2 millones de niños de 0 a 5 años y aproximadamente 2.500 mujeres gestantes.

Actualmente, Ecuador registra el segundo índice más alto de América Latina y el Caribe, después de Guatemala, con 27 % de DCI en niños de 0 a 2 años y el 23,9 % en niños menores de 5 años. Un presupuesto disperso en varias instituciones, parroquias con hasta el 60 % de DCI como Simiátug-Guaranda, niños que aún no cuentan con una cédula para una mejor identificación. Datos que dejan ver, según la vicepresidenta, que la desnutrición es un problema de desarrollo con varias vertientes y con causales estructurales y coyunturales.

La forma en que el Gobierno planea conseguir bajar estos índices tiene varias aristas. Por un lado, está la asesoría técnica de organismos como Naciones Unidas, Banco Mundial y la CAF y, por otro, una gestión transversal y coordinada de diez entidades gubernamentales. Además de la creación de cuatro herramientas operativas: paquete priorizado de vacunas, controles y servicios, presupuesto por resultados, medición unificada y seguimiento nominal.

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El "paquete priorizado" incluye un esquema de hasta catorce vacunas, los controles prenatal y del niño sano con exámenes de laboratorio, suministro de vitaminas y otros suplementos, y la cedulación de todos los niños de 0 a 2 años con el fin de monitorear la recepción de todo el paquete.

En cuanto al presupuesto por resultados, Muñoz explica que la aspiración es que con el incremento de la cobertura también se incremente el presupuesto que ya existe pero está repartido en varias instituciones. Por ejemplo, el presupuesto de Misión Ternura del 2017 al 2021 es de $ 47 millones, el Ministerio de Salud invierte $ 15,1 millones contra la desnutrición desde el 2017 y otros.

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La medición de los índices tendría una sola metodología, estaría a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y se realizaría anualmente, y el seguimiento nominal de mujeres y niños a través de una plataforma tecnológica intersectorial que garantice el acceso a productos y servicios aunque exista migración interna.

Las acciones del Gobierno en esta área empezaron en el 2018 con la Encuesta de Salud para medir cómo iba la medición de los índices y se registró un decrecimiento del 23,9 % al 23 % que no era suficiente; en el mismo año se aprobó el Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición del Ecuador para que Misión Ternura implemente mesas técnicas que registran las condiciones sanitarias, vacunación y otras en territorio.

Además, a partir de agosto, después de obtener los resultados del impacto del COVID-19, la vicepresidencia gestiona un centro de gestión de alto nivel en seis cantones priorizados porque se van por encima del promedio de DCI nacional: La Libertad y Santa Elena con el 36 %, Guaranda en el 35 %, Guamote con el 35 %, Taisha y Arajuno cerca del 35 %. (I)