La Comisión de Justicia de la Asamblea avocó conocimiento del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Anticorrupción que contiene veinte objeciones de fondo y forma.

En una nueva sesión, el organismo legislativo iniciará el debate para la redacción del informe no vinculante que será remitido a la Presidencia de la Asamblea para que, posteriormente, lo incluya en el orden del día del Pleno. Allí, se requieren de 91 asambleístas a favor para que el Legislativo se ratifique en sus textos. El trámite puede tomar un máximo de treinta días plazo.

La objeción del presidente Lenín Moreno sugiere cambiar veinte artículos o disposiciones del proyecto de Ley Anticorrupción, que es una iniciativa del mismo Ejecutivo y un requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar con los desembolsos programados. El proyecto general contiene 25 artículos, una disposición general, una transitoria, once reformatorias y una final.

Entre las principales objeciones está la realizada al informe previo de la Contraloría para procesos de contratación pública. Según el Ejecutivo, la Asamblea no ha considerado "la estructura ni la magnitud de los procesos de compras públicas en el Estado ecuatoriano".

Además, también objeta el texto relativo a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sugiere especificarlas, para que esta posibilidad no quede abierta para cualquier persona jurídica, y agrega que estas circunstancias no pueden ser consideradas como "cooperación eficaz".

El Ejecutivo también propone cambiar la palabra "entramados" en la frase: "entramados jurídicos nacionales e internacionales" en la inclusión de circunstancias agravantes para las personas jurídicas, pues es una palabra que no existe en diccionarios jurídicos y podría atentar contra la seguridad jurídica.

El veto mantiene los cuatro delitos creados por la Asamblea: elusión de procedimientos de contratación publica, sobreprecios en la contratación pública, actos de corrupción en el sector privado y obstrucción de la justicia, aunque detalla algunas precisiones.

Los asambleístas Héctor Muñoz (IND) y Henry Cucalón (PSC) se mostraron a favor de los cambios propuestos por el Ejecutivo, pues la mayoría serían de forma y servirían para precisar la norma. (I)