Así se terminó el proceso investigativo por supuesta corrupción en la Prefectura del Guayas

El 3 de junio de 2020, el entonces prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fue detenido tras un escándalo por supuestos contratos irregulares suscritos en pleno pico de la pandemia. Ocurrió un día después de que él mismo presentara en la Fiscalía del Guayas una denuncia para que se investigue a varios funcionarios y a sus hijastros.

Tras la detención y la versión del prefecto, se le otorgó un grillete electrónico, y aunque intentó volver a la rutina, dos meses después Morales murió de forma repentina.

Ahora, ocho meses después del inicio de la investigación, el proceso penal que se seguía contra varios funcionarios, familiares de Morales y proveedores terminó sin ningún sentenciado. Todos los involucrados fueron sobreseídos, incluidos los hijastros del prefecto, su esposa, Sandra Arcos, y varios proveedores y funcionarios de la Prefectura.

La fiscal provincial de Manabí Karla Vélez emitió su dictamen abstentivo, pues adujo que no se encontraron pruebas suficientes par acusar a los involucrados del delito de tráfico de influencias.

En el caso de los último seis procesados (tres funcionarios y tres proveedores), Alfonso Ordeñana, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, dijo que no se los vinculó porque faltaban solo cinco días para que concluya la etapa de instrucción fiscal, que duró 120 días, y que iban a quedar en indefensión, por lo que recomendó a la fiscal Vélez abrir una investigación aparte contra ellos. Esto aún no se hace.

Ordeñana, quien actuó como juez en este caso, pues el prefecto gozaba de fuero de corte, explicó que, al abstenerse la Fiscalía, la Judicatura no puede hacer nada más que dictar el sobreseimiento de los procesados, y que eso se hizo.

El abogado Carlos Luis Sánchez, quien defendió al prefecto y a su esposa, esta semana manifestó que Carlos Luis Morales habría muerto por COVID-19. Así lo reveló la autopsia practicada al prefecto. El cuerpo de Morales presentaba una inflamación de varios órganos, pero el coronavirus no fue detectado a tiempo en su organismo, pues el abogado explica que el prefecto ya sufría de una enfermedad que le causaba dificultada respiratoria y que en su despacho y en la casa contaba con tanques de oxígeno.

El abogado explica que el escándalo sí afectó la salud de Morales y sostienen que nunca hubo pruebas en su contra.

“Se investigaron chats, conversaciones telefónicas, se tomaron versiones a funcionarios y proveedores y nunca se pudo probar esa teoría de la loca de las empresas”, señala el jurista, quien hace referencia a la relación que se encontró entre una de las empresas de los hijastros del prefecto con una empresa proveedora, pues tenían el mismo contador y estaba registrado en la Superintendencia de Compañías el mismo número y dirección para recibir notificaciones.

El abogado se queja también de que la fiscal Vélez no hubiera estado en las audiencias, pues se conectaba de forma telemática desde Manabí y dice que los peritos estaban en Quito o en otras ciudades.

El único que estuvo preso durante los meses que duró la investigación fue un ebanista que tuvo a su nombre una de las empresas involucradas en el escándalo.

Ordeñana dijo que hace un par de semanas se le dictó la orden de libertad.

Contratos irregulares

Se investigaron varios contratos y la Fiscalía informó meses atrás que algunas de estas empresas se habrían encontrado en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas, y otras no habrían coincidido con los lugares señalados y registrados en las instituciones que controlan sus actividades.

La Fiscalía procesó a once personas, pero ninguno fue acusado. En noviembre se dejaron sin efecto las órdenes de detención que pesaban sobre la esposa y los hijastros del prefecto Carlos Luis Morales. (I)