Las medidas del Gobierno causaron división en el sector empresarial

La Cámara de Comercio de Quito decidió separarse del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) debido a diferencias en posturas que existían en el sector privado en torno a las medidas que buscaba implementar el Gobierno en materia económica.En este contexto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, dijo este martes que no está de acuerdo con la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) contra el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) al 15 %.El gremio de Guayaquil es liderado por Miguel Ángel González, quien hasta la semana pasada también dirigía el Comité Empresarial Ecuatoriano. El cambio en el CEE se dio el 30 de abril y ahora la presidenta es María Paz Jervis. Tras la designación de la nueva directiva, la Cámara de Comercio de Quito envió su felicitación que indicaba que hasta el 28 de febrero había sido parte del Comité Empresarial.Esta mañana, en un encuentro con medios, Heller comentó que “a nadie le gusta pagar más impuestos”, pero considera que este es el único camino para que el Ecuador asegure el financiamiento comprometido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pueda pagar las cuotas que se vencían, además de combatir el alto déficit fiscal que presenta el Estado.La Corte Constitucional (CC) aceptó ese 30 de abril el trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Comercio de Guayaquil contra la ley para enfrentar conflicto armado interno y la crisis económica y social, donde se viabiliza el alza del IVA y el cobro de contribuciones a las empresas y bancos. Sin embargo, el organismo no concedió la suspensión provisional de la norma como se planteaba.Según Heller, ha habido varias discrepancias entre las cámaras, un punto sería la falta de soporte por parte del gremio empresarial para apoyar la pregunta del referendo sobre el trabajo por horas y la lejanía que se pudo observar entre ideales que se expresaron en medios de comunicación por representantes de otros gremios empresariales del país.Agregó que la aceptación de la reforma económica era necesaria para estabilizar la economía del país y la falta de liquidez que presenta el Estado, donde según mencionó el no hacerlo ponía en peligro a la dolarización, y eran medidas que aunque no sean de agrado de nadie se deben tomar para no quedar aislados del mercado y mantener la circulación de dinero en el Ecuador, “pero es lo que el país necesita”, dijo.Argumenta que el estado ecuatoriano cerró el año 2023 con un déficit que se desconocía del orden de $ 5.914 millones. Lo que representó un atraso del pago a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) por $ 194 millones, sueldos impagos al sector público de $ 89 millones y una deuda con proveedores del Estado de aproximadamente $ 500 millones. Recalcó que los proveedores del Estado son parte del sector privado.En ese sentido, Heller aseguró que el 66 % de las empresas sufrieron una imposibilidad o alargue en sus pagos y obligaciones a sus colaboradores por falta de liquidez, donde el 72 % de las empresas en Quito reportaron que se alargó el plazo de la cartera entre 15 y 30 días. Para Heller esto significó “una repercusión directa en la economía, el encadenamiento productivo, los pagos, los cobros, el consumo y la dinámica ecuatoriana”.“No hubo jamás una rendición de cuentas, ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? y jamás se hizo una valoración de la afectación al país en su momento, es lo que establece el punto de partida para este 2024, y para las decisiones que se toman en el primer trimestre”, agregó la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. (I)

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