Los propietarios del hotel Ramada de Guayaquil y del edificio donde este funciona llegaron a un acuerdo que permite que se liberen las cuentas bancarias y mobiliario del hotel. Pero este debe dejar las instalaciones hasta este viernes 17 de mayo y vender todos los bienes muebles que se encuentran ahí al dueño del edificio: el Fideicomiso Mercantil Ramada.
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Así consta en el proceso que se lleva adelante en la Unidad Judicial Civil del cantón Guayaquil dentro de la demanda interpuesta por el Fideicomiso Mercantil Ramada que pidió que el hotel sea desalojado, pero ahora con esta acta transaccional entre las partes dan por terminado el juicio.
El Ramada perteneció a los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, exdueños del Filanbanco. En los últimos dos años los Isaías han ido recuperando los bienes que les fueron incautados en el 2018 por el hueco patrimonial que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) les atribuyó en la quiebra de la institución financiera y ese edificio fue uno de ellos, aunque vendieron los derechos fiduciarios a una tercera persona, según han explicado fuentes cercanas a los exbanqueros.
¿En qué consiste el acuerdo?
- Una vez que la empresa Cadena Hotelera Hotelca C. A. -que maneja el hotel- entregue el edificio al Fideicomiso Mercantil Ramada, este le condonará la deuda de $ 63.003,70 por los cánones acumulados en los últimos meses.
- Hotelca debe entregar el edificio hasta el 17 de mayo del 2024, si no lo hace el fideicomiso cobrará los valores adeudados hasta la efectiva desocupación.
- El hotel se compromete a vender al Fideicomiso Mercantil Ramada todos los bienes muebles secuestrados en la diligencia del 25 de abril del 2024 una vez que se ordene el levantamiento de la providencia.
- El valor acordado por los bienes que incluyen obras de arte y bienes operativos y perecibles (alimentos en inventario) es de $ 75.478.
¿Qué pasó con el hotel?
El hotel Ramada fue incautado en julio del 2008 por la AGD -por disposición del expresidente Rafael Correa- para compensar un ‘hueco patrimonial’ de más de $ 600 millones en la extinta institución bancaria. Una deuda cuya existencia los exbanqueros siempre rechazaron.
Los empleados del hotel adquirieron la mayoría de acciones en el 2009 con un préstamo de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Pero la compañía no era propietaria del inmueble, sino que este pasó a lo largo de los años de institución en institución conforme se fueron cambiando las autoridades económicas.
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En el 2018, los Isaías pusieron una medida cautelar para evitar que los bienes que les fueron incautados fuesen vendidos, la cual estuvo vigente por cuatro años.
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A inicios del 2022, la Procuraduría General del Estado, el Banco Central, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público o Inmobiliar pidieron al juez del caso que levantara dichas medidas cautelares. Este resolvió el tema convirtiendo la acción de medidas cautelares en una acción de protección para determinar si hubo o no vulneración de los derechos de los Isaías.
Y como concluyó que sí la hubo, el 10 de mayo de ese año dispuso que se devuelvan los bienes incautados a sus dueños originales, a excepción de los que ya se han vendido, en cuyo caso se establecerá un precio justo sobre aquellos, y que se pague una indemnización por los daños causados. El Estado apeló, pero un tribunal de alzada ratificó la decisión en septiembre siguiente.
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Desde entonces, los Isaías fueron recuperando poco a poco sus bienes, que pasaron al control de un fideicomiso creado por ellos en Estados Unidos: Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust).
El 19 de octubre de 2023, el Comité DH-ONU-Reparación Integral constituyó el Fideicomiso Mercantil Ramada con Arafisa S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. A dicho fideicomiso se le transfirió “el derecho real de dominio” del inmueble donde funciona el hotel. Este, a su vez, cedió los derechos fiduciarios a una tercera persona. Esto ocurrió el 21 de noviembre de 2023.
Hotelca mantenía un contrato de arrendamiento del edificio con Inmobiliar desde el 2018 y el fideicomiso le notificó el 22 de noviembre del 2023 el desahucio con base en el artículo 31 de la Ley de Inquilinato, que indica que “la transferencia de dominio del local arrendado termina el contrato de arrendamiento. En este caso, el dueño dará al arrendatario un plazo de tres meses para la desocupación”.
Esos tres meses se cumplieron el 22 de febrero del 2024 y por ello se llegó a la demanda que ahora se cierra con este acuerdo.
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La Procuraduría y otras entidades presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para echar abajo la decisión de devolverles los bienes a los Isaías, pero esta aún no la resuelve. El caso lleva año y medio en trámite. (I)
