Cuando ocurrió el feriado bancario Guadalupe Cabezas trabajaba en una entidad bancaria y cuenta que prácticamente dormía en la oficina a la espera de las directrices de la Superintendencia de Bancos que daba cada hora. Ahora ella es la superintendenta y al cumplirse un cuarto de siglo del feriado bancario en Ecuador reflexiona sobre los orígenes de la crisis de 1999 y dice que la etapa pendiente por cumplir de la banca cerrada es el cobro de los déficits patrimoniales y obligaciones que deben ser honradas por sus exaccionistas, y marca las diferencias entre esa época y la actual situación del sistema financiero del país.

Ya son 25 años del feriado bancario, ¿qué recuerda de este momento tan difícil para el país?

Fueron días durísimos para Ecuador. Con el anuncio del feriado bancario vino una sensación de desolación. Vivimos un silencio que parecía eterno en nuestras casas mirándonos a los ojos cuando las autoridades económicas anunciaban la restricción del retiro de depósitos a través de un feriado bancario. Recuerdo el comunicado del superintendente de Bancos, ese 8 de marzo de 1999, con el objeto de “prevenir retiros de depósitos, preservar el nivel de la reserva monetaria internacional, limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de precios”. Yo trabajaba en un cargo de mediana responsabilidad en una entidad bancaria. Y la superintendencia nos emitía directrices cada hora, no nos podíamos mover, ni regresar a nuestras casas, yo prácticamente dormía en la oficina. Ahora, cuando esa fecha es ya un mal recuerdo, este se ha convertido para mí en uno de los tantos incentivos para mi trabajo, pensando en que nunca más ese escenario se puede repetir. Como autoridades estamos llamadas a tomar decisiones correctas, valientes y acertadas, priorizando siempre el bienestar financiero de las familias y sus ahorros, por la estabilidad y la solidez del sistema financiero.

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¿Cuáles fueron las razones para haber llegado a ese punto en 1999?

Veníamos acumulando problemas derivados de una profunda crisis política y económica, con cambios de presidentes, pugnas de poderes, inestabilidad económica con indicadores negativos y con shocks externos por la caída del petróleo. A estas situaciones se sumaron los efectos de crisis financieras que se hacían presentes en la región provenientes de Asia, Rusia y Brasil, y el fenómeno de El Niño entre 1997 y 1998, que complicó aún más la caja fiscal. A la inestabilidad política y social se añadió la grave crisis bancaria, dada la frágil regulación y normativa en materia de supervisión.

¿Cuáles fueron los orígenes de esa crisis bancaria?

La crisis financiera viene de factores como una deuda externa agobiante y un creciente proceso inflacionario que afectó gravemente a la caja fiscal con constantes devaluaciones que a su vez afectaron las tasas de interés, generando pérdidas en los valores de los activos del sistema financiero. Así se redujo la confianza de la población en el sector bancario, lo que motivó el cierre y asistencia financiera de algunas instituciones bancarias, originando lo que los economistas Diamond y Dybvig, ganadores del Nobel, identificaron como los factores que producen corridas bancarias o pánico bancario por una pérdida de confianza del público depositante.

¿Cuáles son las diferencias entre el sistema financiero de 1999 y la actual banca ecuatoriana?

El sistema financiero se caracterizó en 1999 por una frágil regulación, falta de transparencia en las operaciones financieras sin adecuadas garantías (créditos vinculados), gestión inadecuada y una cultura de riesgo excesivo. En la actualidad se ha promovido una cultura de supervisión prospectiva e integral entre las entidades reguladoras, de supervisión y las instituciones financieras, fomentando la adopción de mejores prácticas y estándares internacionales. Este enfoque ha resultado en una mayor confianza del público en el sistema financiero y en una mayor resistencia ante situaciones adversas, como la pandemia del COVID-19, en donde el sistema financiero nacional mostró resiliencia y adecuados indicadores de solvencia y liquidez. Este progreso se ha producido en un contexto dolarizado de la economía, lo que ha requerido una gestión financiera aún más rigurosa y disciplinada.

¿Ve similitudes con 1999? Economistas han llegado a hablar de un peligro de que se cayera la dolarización. ¿Cree que podría haber factores para una nueva crisis bancaria?

En esa época se facultaba al Banco Central a intervenir como prestamista de última Instancia, para aquellas entidades bancarias con falta de liquidez ante retiros de depósitos. La solvencia de las entidades bancarias se veía constantemente tensionada. En la actualidad la garantía de depósito es administrada por la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), con las contribuciones de las propias entidades bancarias y los niveles de cobertura definidos en la legislación bancaria vigente (Código Orgánico Monetario y Financiero - COMF), la misma que evolucionó a partir de la crisis financiera de 1999. Mientras que el Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado, administrado por la misma corporación, es ahora el prestamista de última instancia, el mismo que se nutre de los aportes de las entidades bancarias. Estos instrumentos, más la regulación y supervisión prudencial, constituyen la Red de Seguridad Financiera, conjuntamente, con los instrumentos de resolución bancaria establecidos en el COMF.

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¿La Superintendencia de Bancos ha implementado más controles? ¿Cuáles son?

Absolutamente, a raíz de la crisis financiera global de 2007-2008, la comunidad financiera internacional replanteó el marco de regulación bancaria prudencial aplicable a las entidades bancarias denominado Basilea III, que son reformas para auspiciar entidades bancarias más resistentes y resilientes financieramente ante eventos de riesgo que puedan amenazar su estabilidad individual y a nivel sistémico. Así se desarrolló el Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP), efectuado por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en el Ecuador durante 2022-2023, y que recomienda a las autoridades de regulación y supervisión adoptar dichos estándares. Nosotros los aplicamos. La Superintendencia de Bancos tiene vigente desde 2021 un modelo de supervisión basada en riesgo (SBR). Este modelo busca que el supervisor bancario anticipe situaciones de riesgo que merezcan una mayor atención. Así, la Superintendencia estima el perfil de riesgo y la estrategia de supervisión aplicable de conformidad a lo definido por el COMF.

¿Cuánto le costó al país el salvataje bancario y era necesario hacerlo?

Según la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, creada mediante Decreto Ejecutivo 263 del 9 de abril de 2007, el “salvataje bancario” habría generado un perjuicio para el Estado y por ende para la ciudadanía de $ 8.072 millones. Lo que implicó una serie de medidas, como la inyección de capital público en bancos insolventes, la creación de un fondo de garantía de depósitos y la liquidación de entidades bancarias inviables... Si bien es posible que la intervención haya evitado un colapso total del sistema financiero, el costo a pagar fue altamente negativo en la economía, y no se diga en lo social, con fallecimientos de personas de la tercera edad, suicidios y fenómenos como desintegración familiar por la migración, entre otros. Desde una visión del ente supervisor, las acciones emprendidas en aquella época permitieron sentar las bases para una regulación más estricta, restaurar la credibilidad de las instituciones financieras y una supervisión más efectiva. Las posteriores reformas regulatorias y medidas de fortalecimiento institucional se han dado en el marco de prevención de futuras crisis.

¿Cómo está el proceso de liquidación de los bancos, hay etapas aún por cumplir?

La etapa pendiente por cumplir de la banca cerrada es el cobro de los déficits patrimoniales y obligaciones que deben ser honradas por sus exaccionistas, proceso a cargo de la Unidad de Gestión y Regularización (UGR), de conformidad con la disposición general vigésima tercera del Código Monetario y Financiero. En 1999 existían 40 entidades financieras de la banca privada: 12 en saneamiento, 2 en vigilancia preventiva, 2 en reestructuración y 24 bancos operativos. Entre los que cerraron a raíz del feriado bancario destacamos Progreso, La Previsora, Popular, Filanbanco, del Azuay, Banco de Crédito, entre otros. En la actualidad existen 24 bancos privados operativos: 6 de importancia sistémica, es decir, son relevantes para la estabilidad financiera del sector; por tanto, es importante identificarlos para fines de control y supervisión: Banco Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Bolivariano y Banco Internacional. En relación con la banca pública en 1999 había seis instituciones públicas, ahora hay cuatro.

¿Cuáles son las garantías que tienen los depositantes ahora?

Existen varios mecanismos y garantías que permiten la protección de los depositantes. El artículo 308 de la Constitución “(...) prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas” y existen aquellos mecanismos reconocidos en el COMF, como el seguro de depósitos.

¿Cuál es el monto del Cosede al momento y por qué ha tenido restricciones para realizar inversiones en el mercado de valores?

El artículo 328 del COMF establece que el monto protegido para cada persona natural o jurídica será diferenciado por sectores. “El monto asegurado de los depósitos en las entidades financieras privadas y populares y solidarias, segmento 1, será igual a dos veces la fracción básica exenta vigente del impuesto a la renta, pero en ningún caso inferior a $ 32.000″. Respecto a las restricciones para realizar inversiones en el mercado de valores, el artículo 327 del COMF establece que “los recursos del Seguro de Depósitos deberán invertirse observando los principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad”. Como mencioné, se han implementado medidas para fortalecer los controles y mitigar los riesgos. Se han establecido normativas más estrictas en cuanto a la gestión de riesgos, liquidez, solvencia y transparencia. Reconocemos que la supervisión efectiva e integral es fundamental. (I)