Ante la suspensión en el proceso de negociación de los contratos con las empresas telefónicas que vencen en agosto con Claro y en noviembre con Movistar, el Gobierno asegura que no se va a suspender el servicio de estas empresas.

El Ejecutivo realiza consultas jurídicas a la Procuraduría General del Estado en la línea de una posible ampliación. Así lo indicó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, este lunes, 3 de julio del 2023, en una entrevista a Ecuavisa.

Una resolución de Arcotel pone en pausa por 120 días negociaciones con Claro y Movistar cuando están por vencer los contratos

“Puedo garantizar e informar que la estructuración legal de lo que es el contrato y la negociación están hechas, y bajo ningún concepto habrá una para del servicio. Hay las garantías completas de que no habrá paralización del servicio”, sostuvo.

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Agregó que se están realizando consultas jurídicas a la Procuraduría. “Aquí lo importante es que las cosas se hagan bien, se hagan de forma legal y que la continuidad del servicio jamás se vea afectada. Es prioridad para el Gobierno tener un servicio bien contratado”, dijo Cucalón.

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La Agencia de Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió por 120 días las mesas de negociación que se estaban llevando adelante entre el Gobierno y las telefónicas para la renovación de contratos. Lo hizo a través de una resolución emitida el 25 de mayo pasado. Eso levantó alarmas tanto en el gremio de las empresas de telecomunicaciones y analistas como en los usuarios por lo que podría suceder si para agosto —cuando terminará el contrato con Claro— y para noviembre —cuando vencerá con Movistar— no se ha llegado a una decisión definitiva.

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) ha indicado que con la resolución de Arcotel 2023-0097, del 25 de mayo pasado, la suspensión se da hasta que se recabe toda la información necesaria, pero no está garantizada la continuidad del servicio.

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Se esperaba un pronunciamiento claro de la autoridad de Telecomunicaciones que indicara, por ejemplo, que a la par de la suspensión del proceso de negociaciones también se amplía el tiempo del contrato. Ahora es el ministro de Gobierno quien garantiza que no habrá una suspensión del servicio y que la ampliación ya se ha consultado a la Procuraduría. (I)