Con elementos decorativos del siglo XIX y espacios del periodo incásico, colonial y republicano, el hotel San Antonio de Cuenca posee cómodas habitaciones, gimnasio y desayuno gratuito. El inmueble de tres plantas ha estado al menos seis años en manos de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores de la Seguridad Social (Cetoss), y ahora se encuentra en el ojo público al conocerse que esta organización sindical compró este bien inmueble en un precio que ascendió a $ 750.000.
Los recursos se tomaron de la Cetoss y una parte menor del Sindicato Único de Obreros del IESS (Sinduoiess); de estas dos organizaciones sindicales, Rosa Argudo es su máxima autoridad. Luego se le cancelaron a Juan José Cordero Guerrero, dueño en ese momento del bien, ubicado en las calles Borrero y Arízaga de Cuenca.
De acuerdo con Argudo, el objetivo de la inversión, tal como se hizo meses antes con unas cabañas en Tonsupa, era que la organización sindical invierta en estos bienes y, con ello, permita vacacionar a los miembros de Cetoss y otros sindicatos afiliados a precios cómodos.
Publicidad
Este beneficio para los trabajadores se extiende a los familiares ascendentes (padres), a los descendentes (hijos) y a los laterales (cónyuges).
Así, la Cetoss y el Sinduoiess muestran su capacidad económica que les ha permitido realizar este tipo de inversiones.
¿Pero cómo se financian las organizaciones sindicales?
Publicidad
Los trabajadores del IESS amparados por el Código del Trabajo entregan un 2 % de su salario. Rosa Argudo confirma que, al pedir la certificación de la Dirección de Talento Humano sobre la cantidad de trabajadores sindicalizados, se le ha indicado que en febrero del 2021 había 4.147 sindicalizados. En marzo del 2021 entraron 1.280 empleados que migraron de la Ley de Servicio Público (Losep) al Código del Trabajo, por efecto de la Ley Humanitaria. En marzo del 2024 entraron 58 personas más. Así, el número de trabajadores en junio del 2024 (y que realizan los aportes) es de 5.353.
Explica que 1,5 % del sueldo va para el sindicato y 0,5 % para centrales sindicales. Al consultarle cuánto llega entonces al sindicato todos los meses, indica que no lo recuerda, pero que nos hará llegar la cifra en los siguientes días.
Publicidad
Sin embargo, una sombra de duda se cierne sobre la transacción, pues este bien habría sido antes propiedad de Abel Darío Terreros Ortiz, esposo de Rosa Argudo. Además, Pablo Darío Terreros Argudo (hijo de la jefa sindical) es quien consta en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como razón social, mientras que el nombre del hotel consta como “nombre de fantasía”.
Argudo explica su postura: Sebastián Cevallos, quien es presidente de la UNE (organización relacionada con el Movimiento Popular Democrático) y que no tiene nada que ver con el sindicato del IESS, es quien le ha puesto una denuncia en Fiscalía indicando que el hotel es de propiedad de Pablo Darío Terreros Argudo. Sin embargo, sostiene que Cevallos confunde un RUC con una escritura pública.
Dice que la escritura del hotel dice claramente que este es propiedad de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores de la Seguridad Social (Cetoss). Admite que a su hijo Pablo Darío se le pidió en 2018 que ayudara a sacar el RUC y los permisos para que el hotel funcionara en el momento de haber hecho la compra.
Al referirse a José Cordero Guerrero, quien es la persona que vendió el hotel a la Cetoss, y del cual varios medios de comunicación han dicho que es su yerno, Argudo lo niega. Tampoco comenta si hubo un nexo con alguna de sus hijas: “No puede querer sacarme palabras de una relación con que no existe” (sic).
Publicidad
En todo caso, Rosa Argudo asegura que fue el Comité Ejecutivo en pleno el que buscó y escogió entre cinco hoteles. Y el que gustó a todos fue justamente el hotel San Antonio. Los otros hoteles eran más caros y de adobe, asegura. En cambio, el San Antonio era de ladrillo y estaba equipado con todo de primera.
Explica que en 1996 el hotel costaba $ 120.000. Pero para el 2015, un avalúo del Banco Pichincha indicó que el valor era de $ 545.000. Entre tanto, en el momento de la venta, en 2018, el vendedor les mostró un avalúo de $ 850.000. Por ello, pareció una buena oferta el precio de $ 750.000 en el que se hizo la transacción. Ahora, el bien “está totalmente pago”, dice.
Argudo niega que se lo vaya a vender, y más bien asegura que los dos grandes bienes que tiene ahora la Cetoss, y que son de alto valor, están prohibidos de enajenar. “La justicia me juzgará, pero yo creo que no se ha hecho mal. Ahora, con toda la calumnia que me han hecho, los trabajadores me siguen respaldando”. (I)
