Un grupo de propietarios y empleados de imprentas artesanales de Guayaquil realizó la mañana de este 20 de septiembre un plantón para rechazar la implementación de la facturación electrónica. Con carteles y megáfonos se concentraron en la sede regional del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de la ciudad.

El 30 de noviembre vencerá el plazo legal para que los negocios y contribuyentes del país implementen totalmente la facturación electrónica. En la disposición transitoria cuarta de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, publicada en el Registro Oficial el 29 de noviembre del 2021, se establecía que en el plazo de un año los sujetos pasivos del impuesto a la renta que estén obligados a facturar deben incorporar la facturación electrónica.

Según el SRI, el 96 % de lo que se factura hoy en día en Ecuador se hace electrónicamente. Falta el 4 %.

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Juan Carranza, propietario de uno de los negocios, señala que son 2.500 talleres los que resultarán afectados, lo cual arroja más de 70.000 empleados más sus familias.

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“El Gobierno no ha tomado en cuenta esto, no ha consultado con el sector gráfico para aplicar totalmente la facturación electrónica. Esto no puede ser. El país no está bien económicamente; la sociedad ecuatoriana no está preparada para asumir la facturación electrónica; eso es innegable”, señaló.

Carranza indicó que le han pedido al presidente Guillermo Lasso que las personas que tengan movimientos económicos de hasta $ 300.000 anuales puedan seguir facturando de manera impresa, así no perderían sus negocios. “Piense en el desempleo que están causando”, indicó.

Miguel Peralta, síndico de la Asociación de Artesanos Gráficos del Guayas, indicó que la semana pasada se reunieron con el director del SRI, Francisco Briones, para exponerle su situación. “Nos ha dicho que él tiene que aplicar la ley, y que cualquier cambio le corresponde al presidente de la República. El 1 de septiembre fuimos al Palacio de Carondelet a entregar un oficio, pero no ha sido contestado. Nos están aplicando el ‘tontódromo’ hasta llegar a noviembre”, indicó.

“No nos oponemos a la facturación electrónica; sabemos que tiene que aplicarse. Pero también pedimos un tiempo para prepararnos, porque venimos de una pandemia que nos ha afectado a todos, y ahora nos dan esta estocada mandando a más de 70.000 personas a la desocupación. Esta ley se opone a la Constitución, porque el deber del Estado es generar empleo”, agregó el dirigente. (I)