Los diferentes gremios productivos se siguen pronunciando sobre el Decreto Ejecutivo 707 que autoriza el porte y tenencia de armas de uso civil para defensa personal. Esta vez es la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) que cuestiona que no se haya incluido a las de largo alcance, calibre 23, lo cual, según afirman, los deja en desventaja frente a la inseguridad que enfrentan en el sector.

Indican que la delincuencia organizada cuenta con fusiles y ametralladoras para cometer los delitos contra los camaroneros por vías fluviales o terrestres, mientras que los custodios del sector “apenas” pueden usar pistolas, revólveres y escopetas.

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“La CNA cuestiona que el Decreto Ejecutivo 707 expedido el 1 de abril pasado… no incluyera la autorización de porte y tenencia de armas de largo alcance -calibre 223-, solo para los guardias de las empresas que prestan el servicio de vigilancia y seguridad privada, con el fin que puedan neutralizar o repeler una acción delincuencial con armamento del mismo calibre, por lo menos, en la modalidad de servicio de seguridad móvil”, indicaron.

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De acuerdo con la CNA, otro tema que considera que el Gobierno nacional dejó por fuera del decreto fue la implementación de facilidades para la importación de armas, repuestos y municiones por lo menos a las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada, -según dicen- la empresa estatal encargada no cuenta actualmente con stock para ofertar a las personas naturales y jurídicas.

En ese sentido, hacen un llamado al Ejecutivo a disponer a las autoridades correspondientes para que se establezca esas “facilidades”.

También exhortan a simplificar los requisitos y trámites para la obtención de los permisos del porte armas. Indican que desde el 2012, la CNA ha enviado oficios dirigidos a los ministerios de Defensa, Interior y al extinto Coordinador de Seguridad.

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“Siempre hemos estado en favor de un porte de armas regulado. Cuando hablamos del sector camaronero estamos hablando de operaciones en zonas rurales donde no existe presencia de la fuerza pública”, indicó José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la CNA.

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Tras la emisión de la resolución 2018 – 122, el sector camaronero cuenta con la autorización para el porte y tenencia de armas, para “personas naturales de nacionalidad ecuatoriana (ganaderos y camaroneros), con lo cual los beneficiarios obtendrán seguridad en su jurisdicción”, sin embargo -señalan- las cifras de inseguridad del sector han ido en aumento.

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Según las estadísticas de la dirección de Seguridad del CNA, en el primer trimestre de 2023, contra el sector camaronero se han cometido 28 eventos delictivos, de ese número 13 han sido a nivel fluvial y 15 en el terrestre en Guayas y El Oro.

De esos sucesos, 22 personas resultaron heridas y el perjuicio asciende a medio millón de dólares.

Asimismo, comentaron que invierten anualmente alrededor de 70 millones de dólares para instalar equipos, cámaras de video vigilancia, guardianía privada en turnos rotativos y sistemas de comunicación, entre otros. (I)