El acueducto La Esperanza, esencial para abastecer de agua cruda a ocho cantones de Manabí, enfrenta una situación crítica por roturas y el robo del agua. Debido a esto, el pasado 4 de abril, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica lo declaró zona de seguridad hidráulica para frenar el uso indebido de recursos hídricos, tras detectarse 1.600 conexiones irregulares en 160 de las 220 válvulas del sistema.
A esto se suma que, en lo que va de 2025, el acueducto La Esperanza-RDP ha registrado múltiples averías que comprometen su operación. En menos de un mes se reportaron cuatro roturas en su tubería de 94 kilómetros, la más reciente en Tosagua, a 100 metros de otro daño en el sitio Botija Afuera.
En marzo, un deslizamiento en Junín interrumpió el servicio para 300.000 personas. Estas fallas, causadas por suelos saturados por filtraciones, han generado pérdidas de 2,5 millones de metros cúbicos de agua y costos de reparación que superan los $ 200.000, según estimaciones de la Refinería del Pacífico.
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“La cantidad de roturas que hemos recibido ha sido grande, nunca hemos tenido tantas en un año. En el 2022 se registró una rotura, y el tiempo de reparación tomó 22 días. Ahora se ha tratado de acortar el tiempo, mientras se prepara una reparación definitiva”, expresó Carlos Wong, liquidador de la empresa Refinería del Pacífico.
El funcionario indicó, además, que hay diez puntos críticos donde se podrían registrar otras roturas; las tres más notables se encuentran en Tosagua, Junín y Rocafuerte.
Según Wong, la declaratoria de zona de seguridad hidráulica busca controlar las tomas clandestinas del acueducto e impulsar la regularización de los usuarios mediante válvulas sostenedoras y macromedidores, lo que generaría una sostenibilidad económica. Además, regular el uso de albarradas, reservorios construidos sin autorización, que agravan la crisis.
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De estos se han identificado 697, de las que 597 carecen de geomembranas para evitar filtraciones. Estas estructuras almacenan al menos 830.000 metros cúbicos de agua, pero desestabilizan el suelo, especialmente en Las Lomas de Junín y Tosagua, aumentando el riesgo de roturas en la infraestructura, que costó 334 millones de dólares.
El artículo 55 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, determina como zonas de protección hidráulica a las obras de transporte de agua y las considerará parte del dominio hídrico público. La finalidad es facilitar el acceso a la obra para las labores de conservación y reparación. Además la defensa a la obra hidráulica frente a posibles actos.
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La ley indica que las obras o infraestructura hidráulica podrán ser de titularidad pública, privada o comunitaria, según quien las haya construido y financiado, aunque su uso es de interés público. En caso de estado de excepción o declaratoria de emergencia, en el cual el Estado requiera del agua para garantizar su provisión, a la población afectada, la administración, mantenimiento y uso de toda infraestructura hidráulica podrá ser realizada por el Estado, con independencia de su titularidad.
Ocho cantones de Manabí afectados por rotura en tubería de acueducto La Esperanza
Esto podría beneficiar el mantenimiento del acueducto de la Refinería del Pacífico, en liquidación desde 2019, que enfrenta limitaciones financieras. De las seis bombas del sistema, solo dos están funcionales, reduciendo su capacidad.
Actualmente, los trabajos de reparación se han realizado por autogestión y los pagos de municipios y de agricultores regularizados. También se pidió ayuda a Petroecuador, aseguró Wong.
Los municipios de Manta, Montecristi y Jaramijó aportan 90.000 dólares mensuales, y 45 agricultores pagan tarifas, pero estos ingresos no alcanzan los 600.000 dólares necesarios para un mantenimiento adecuado.
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Desde 2017, el acueducto ha transportado 40 millones de metros cúbicos de agua a Manta, Montecristi y Jaramijó. El sistema de tarifas establece 0,32 centavos por metro cúbico para los municipios y entre $ 0,32 y $ 0,50 para agricultores, según el volumen. (I)
