Nuevos casos de irregularidades en procesos de contratación pública fueron presentados la tarde del miércoles 13 de abril en la Fiscalía General del Estado (FGE).

María Sara Jijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), planteó siete denuncias que en su mayoría apuntan al presunto delito de falsificación y uso de documento falso.

El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos privados la pena será de tres a cinco años”.

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El Sercop informó que estas situaciones se han producido en entidades contratantes, por distintos objetos de contratación pública.

Estas denuncias se suman a las catorce presentadas por la institución el 13 de enero de este año, y que guardan relación con los delitos de cohecho, estafa, peculado, tráfico de influencias, ataque a la integridad de sistemas informáticos, falsificación y uso de documento falso.

Las acciones para frenar las irregularidades implican “un esfuerzo y un trabajo conjunto con la sociedad civil para identificar aquellos actos de corrupción que perjudican al gasto público”, señala el Sercop.

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Jijón hizo un llamado a las entidades contratantes y a los proveedores del Estado para que actúen con eficiencia y transparencia durante las distintas etapas de los procedimientos de contratación pública. (I)