Un entrenador de boxeo de 50 años ha sido condenado por un tribunal a 29 años de cárcel por abusar de su alumno de 13 años.
Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en Orellana.
Según las investigaciones, el agresor ofreció agua y alimentos para desorientar a la víctima y abusar de él.
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El sentenciado, según la Fiscalía, utilizaba distintas formas de manipulación para que su alumno accediera a ir a su domicilio: le ofrecía dinero, guantes de boxeo y lo amenazaba con expulsarlo de la Liga o con presentar quejas falsas a sus padres.
Los abusos que cometía el entrenador se descubrieron en enero de 2023, cuando la madre del adolescente encontró en su cuenta de Facebook una conversación en la que el entrenador lo increpaba por no haber acudido a su domicilio y lo amenazaba con represalias.
Esta situación la llevó a conversar con su hijo, quien finalmente reveló los abusos sufridos.
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Daniel Agustín Sh. A., de 50 años y entrenador de boxeo, fue acusado de abuso y llevado a juicio.
La Fiscalía manejó el caso como delito de violación, que está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Las circunstancias agravantes llevaron al tribunal a incrementar en un tercio la pena, con base en lo que consta en los numerales 1, 2, 8 y 9 del artículo 48 del mismo cuerpo legal.
Durante este caso, el Tribunal reconoció la asimetría de poder entre el procesado y la víctima, resaltando que el agresor conocía al joven desde que tenía 8 años, cuando formaba parte de la Liga Cantonal, y que lo entrenaba en boxeo desde los 10.
“Ejerció su autoridad para amenazar y someter a la víctima, logrando su objetivo mediante temor y miedo”, señalaron los jueces en su resolución.
Fiscalía obtuvo la pena máxima agravada por cuatro circunstancias que agravaron la ejecución de este delito: cometerlo con alevosía o fraude; bajo promesa, precio o recompensa; prevaliéndose de una situación de superioridad como docente; y aprovechándose de las condiciones personales de la víctima que implicaban indefensión y discriminación.
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Además de la pena privativa de libertad, los magistrados impusieron el pago de 5.000 dólares como reparación integral a la víctima. (I)
