Horas antes de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Las Malvinas, la Fuerza Aérea introdujo una petición ante el juzgado para que los militares enfrenten el proceso en libertad bajo medidas menos gravosas.
Celiano Cevallos Calderón, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), envió este pedido en una carta, en la que se invoca la normativa legal y la jurisprudencia aplicable para solicitar la improcedencia de la prisión preventiva y la aplicación de medidas cautelares menos gravosas.
Dentro de este caso están implicados 16 militares por la desaparición de cuatro menores de Las Malvinas.
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Los chicos fueron capturados en diciembre de 2024 por una patrulla militar en el sur de Guayaquil, la cual había recibido la presunta alerta de robo a una ciudadana. Ellos aparecieron incinerados días después en un sector de Taura, en Guayas.
En el pedido, el comandante de la FAE alude a la aplicación de la ley que entró en vigor el 10 de junio de 2025: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
Sostiene que es mandatoria al ser una ley orgánica y de aplicación inmediata.
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El jefe de la FAE cita el art. 542 del Código Orgánico Integral Penal, que indica con la reforma: “Art. 542.1.- Cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y el hecho investigado tenga relación con una circunstancia suscitada en el cumplimiento de su deber legal, en el marco del conflicto armado interno, en ningún caso se aplicará prisión preventiva ni arresto domiciliario ni uso de dispositivo electrónico. En su lugar, el servidor policial o militar continuará realizando sus respectivas funciones en el lugar de trabajo asignado, siendo su jefe inmediato el responsable de reportar quincenalmente que el servidor se encuentra en el territorio nacional”.
En su escrito señala que la privación de libertad, en cualquier forma, no es la regla general en el sistema judicial ecuatoriano, sino una medida excepcional y de ultima ratio. Esto significa que solo debe aplicarse cuando no existan otras alternativas menos gravosas que garanticen los fines del proceso.
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Apelando al marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente en Ecuador, el jefe de la FAE sostiene que la aplicación de la prisión preventiva a los procesados resulta improcedente.
“Los principios de presunción de inocencia y el carácter de ultima ratio de las medidas privativas de libertad exigen que, previo a su imposición, se demuestre la absoluta insuficiencia de otras medidas cautelares menos gravosas”, enfatiza.
En virtud de eso, él solicita al juzgador la aplicación de medidas cautelares no privativas de libertad, que sean proporcionales y suficientes para asegurar la comparecencia y garantizar así su derecho a la libertad y el debido proceso
La FAE anunció la asignación de dos profesionales del derecho para defender a sus miembros: el teniente coronel EMT. Avc. Franklin Herrera Solís y mayor Esp. Avc. Yolanda Albuja Espinosa.
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La defensa de los menores alertó de esta pretensión de los militares en medio de la diligencia que se convocó para este jueves y que quedó suspendida.
Fernando Bastias, del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, dijo que con esto los militares buscaron la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
“El Gobierno nacional, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, buscó liberar hoy a los 16 militares que estaban en prisión preventiva”, expresó. (I)
